Con la mirada puesta en el calendario electoral, el Gobierno nacional resolvió postergar el tratamiento de las reformas laboral e impositiva hasta después de los comicios legislativos de medio término. La decisión responde a una estrategia política: en la Casa Rosada creen que a partir de diciembre contarán con una representación más sólida en el Congreso, lo que permitiría avanzar en proyectos estructurales que hoy no tienen respaldo suficiente.
“El escenario va a cambiar y nuestra posición también”, señalan allegados al presidente Javier Milei. La reciente derrota en el Senado con la ley de jubilaciones dejó en evidencia los límites del oficialismo en un Congreso fragmentado, y reforzó la necesidad de sumar alianzas para iniciativas de gran impacto.
Aunque los textos de reforma no se presentarán en lo inmediato, el trabajo técnico ya está en marcha. En particular, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanza en los lineamientos de una reforma laboral que estaría lista para diciembre, con el objetivo de ser debatida tras las elecciones.
Uno de los ámbitos donde se discute esta agenda es el Consejo de Mayo, un foro multisectorial que el Gobierno activó a fines de junio. Si bien abordan diversas temáticas, las cuestiones laborales son prioridad. El próximo lunes está prevista una nueva reunión del consejo.
Además de los cambios en el plano económico-laboral, el Ejecutivo trabaja en reformas al Código Penal y al Código Civil y Comercial, también proyectadas para el período posterior a las elecciones.
El nuevo Código Penal, redactado por una comisión encabezada por juristas como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti, ya fue entregado al Ministerio de Justicia. El texto incorpora penas específicas para delitos informáticos, venta de menores, casos de corrupción e incendios provocados. Según se detalla, se busca un sistema penal más ágil, sensible a las nuevas realidades sociales y globales, y una justicia más equitativa.
Por su parte, la reforma del Código Civil y Comercial apunta a limitar la intervención estatal en contratos privados, reforzar la propiedad privada y fomentar métodos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje y la mediación.
Desde el oficialismo aclaran que el compás de espera no implica renunciar a la agenda de cambios, sino adoptar una estrategia más realista para garantizar que las reformas más profundas no naufraguen por falta de respaldo parlamentario.
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