Luego de 18 meses sin modificaciones en la tarifa eléctrica provincial, el Gobierno de San Juan avanzó este viernes en la discusión de un nuevo esquema de precios para el servicio de energía, con definiciones clave de cara al año próximo.
En el marco de la quinta Audiencia Pública por la Revisión Ordinaria de Tarifas, los equipos técnicos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) propusieron un incremento del 10,09%, un porcentaje sensiblemente inferior al 22,76% solicitado por la empresa distribuidora Naturgy S.A.
Desde el organismo regulador explicaron que la propuesta busca recomponer parcialmente los ingresos del sistema eléctrico, tras un año y medio de congelamiento tarifario para hogares, comercios e industrias, pero sin generar un impacto brusco en los usuarios. Uno de los ejes centrales del planteo oficial fue postergar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios hasta después del verano.
Según lo expuesto durante la audiencia, el aumento no se aplicaría de manera inmediata, sino a partir de las facturas con vencimiento en mayo de 2026, una vez superada la temporada estival, período en el que se registra el mayor consumo eléctrico del año. La medida apunta a amortiguar el efecto del ajuste en los meses de mayor demanda.
Los técnicos del EPRE fundamentaron que el porcentaje propuesto cubre los costos eficientes de la prestación del servicio y resulta inferior a la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 —fecha de la última actualización tarifaria— y diciembre de 2025, de acuerdo con datos oficiales del Indec. Este argumento fue determinante para descartar el pedido de incremento mayor presentado por la distribuidora.
La audiencia formó parte de un proceso que incluyó cinco instancias de participación pública, en las que se analizaron las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con especial atención al impacto de la reactivación económica y de las inversiones mineras en la provincia.
Además, se presentaron planes de inversión orientados a mejorar y modernizar el servicio, como el fortalecimiento de la red de distribución, proyectos específicos en Calingasta y la actualización de los regímenes de facturación, incluyendo esquemas de facturación nivelada para comercios y programas piloto de gestión de la demanda.
El esquema en evaluación también contempla la actualización de los regímenes sancionatorios para las distribuidoras, basados en indicadores de desempeño, y la implementación de mecanismos que permitan capturar beneficios derivados de mejoras en eficiencia tecnológica, además de premiar inversiones que impacten en la calidad del servicio.
Concluido el proceso de audiencias públicas, el EPRE deberá emitir la resolución definitiva que fijará los parámetros de costos, las normas de aplicación del cuadro tarifario y los mecanismos de control que regirán durante el período 2026–2031, poniendo fin a 18 meses de tarifas congeladas en San Juan.
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