En una jugada clave para la estrategia legal del Gobierno nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en apoyo a la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se dirime uno de los capítulos más delicados del juicio por la expropiación de YPF.
El respaldo busca frenar la ejecución de un fallo emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar más de 16.000 millones de dólares y habilita a Burford Capital, parte demandante, a reclamar el 51% de las acciones de la petrolera estatal como forma de cobro.
En el escrito presentado en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal), el Gobierno estadounidense argumenta que este tipo de resoluciones podría violar el principio de inmunidad soberana de los Estados, retomando una postura ya expresada por la administración de Joe Biden el año pasado.
El documento fue firmado por David E. Farber, asistente del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y acompaña el pedido argentino de suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación.
Desde el Gobierno argentino destacaron que el respaldo de Washington es fruto del trabajo conjunto entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y los estudios jurídicos internacionales que asesoran al país. También se mantienen gestiones diplomáticas para que otros Estados se sumen como amicus curiae, entre ellos Uruguay, Paraguay y El Salvador, así como Francia, Italia y Alemania.
Sin embargo, el apoyo del Departamento de Justicia no es vinculante: los jueces pueden considerar estos aportes, pero no están obligados a acatarlos. De hecho, la propia jueza Preska ya desestimó planteos similares en instancias anteriores.
Pese a ello, el gesto es interpretado por el Ejecutivo como un avance político y jurídico importante, que fortalece la posición argentina frente a una causa con alto impacto económico y geopolítico.
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