El escándalo por la deuda que la Municipalidad de Caucete mantiene con la empresa distribuidora de energía eléctrica DECSA escaló en las últimas horas, luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitiera una resolución que fija el monto adeudado en $550.162.640 sin intereses. La cifra, correspondiente al consumo entre diciembre de 2022 y enero de 2025, fue desconocida por la intendenta Romina Rosas durante su interpelación ante el Concejo Deliberante, donde anunció que recurrirá a la Justicia.
En tanto, desde la empresa eléctrica afirmaron estar dispuestos a llegar a un acuerdo de pago dentro del plazo establecido por el EPRE, que vence el 10 de julio, aunque advirtieron que de no concretarse el convenio, podrían iniciar acciones judiciales e incluso solicitar el embargo de las cuentas municipales.
El interventor de DECSA, Daniel Castro, indicó que esperan una instancia de diálogo con la comuna y ratificó la validez de la resolución del EPRE como “título hábil” para iniciar un juicio ejecutivo. “Queremos evitar medidas drásticas, pero si no hay acuerdo, tendremos que actuar legalmente”, señaló.
La deuda surge por diferencias en las facturaciones del alumbrado público y consumo de edificios municipales. Según DECSA, ya en abril se habían informado cifras por encima de los $465 millones, aunque el municipio no reconoció el pasivo ni propuso un plan de pago. La resolución del EPRE rechazó los argumentos de ambas partes y consolidó el monto.
El concejal orreguista Emanuel Castro criticó duramente a la intendenta por no reconocer el pasivo: “Esto ya no es político, se agotaron todas las vías administrativas. Ella está actuando con total irresponsabilidad”, dijo. Además, advirtió que si no se llega a un acuerdo, la empresa podría interrumpir el suministro eléctrico y que el Tribunal de Cuentas podría rechazar las cuentas municipales 2024, con posibles consecuencias legales para la intendenta.
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