César Esteban Vignoli, uno de los estafadores más conocidos del ambiente delictivo sanjuanino, sumó un nuevo capítulo a su extenso prontuario penal tras ser detenido junto a su pareja por maniobras fraudulentas que superarían los 58 millones de pesos.
Luego de pasar un tiempo alejado de los radares policiales, el sospechoso —que acumula al menos cinco condenas previas por delitos similares— volvió a quedar bajo la lupa judicial debido a dos recientes denuncias que exponen un presunto modus operandi basado en la entrega de cheques robados y la falsa comercialización de bienes inmuebles.
Las capturas de Vignoli y de su concubina, Marcela Alejandra González, fueron ordenadas por el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, en el marco de un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Solares IV, en Trinidad.
Tras analizar las pruebas incorporadas a la causa, el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera convalidó la formalización de la investigación penal preparatoria y dictó prisión preventiva por ocho meses para Vignoli, quien fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.
En cuanto a González, recuperó la libertad aunque continuará vinculada a la investigación, ya que no registra condenas firmes previas.
El primero de los hechos atribuidos a Vignoli fue denunciado en diciembre de 2025 por un empresario metalúrgico de apellido Mazuecos. Según la acusación fiscal, el imputado utilizó la falsa identidad de “César Carrera” para ganarse la confianza de la víctima, quien le entregó 16 millones de pesos en efectivo para supuestos trámites inmobiliarios.
Además, el damnificado recibió cheques robados por un valor de 16.780.000 pesos y realizó transferencias bancarias directas a cuentas personales del acusado por más de 6 millones de pesos.
La segunda maniobra fraudulenta salió a la luz en abril de este año, tras la denuncia de un ciudadano de apellido Samper. En este caso, Vignoli habría ofrecido ilegalmente un departamento en el Complejo El Libertador, exigiendo adelantos de 300.000 pesos y 14.700 dólares, equivalentes actualmente a unos 21 millones de pesos.
Según la investigación, en esa operatoria también participó González, quien habría simulado ser escribana pública y citado a la víctima en supuestas dependencias oficiales para aparentar legalidad en una transferencia que nunca se concretó y cuyo dinero jamás fue reintegrado.
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