El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido en la madrugada del lunes mientras manejaba un BMW descapotable blanco sin patente y con una copa de vino en la mano, durante un control policial en la avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino.
El procedimiento se realizó alrededor de la 1.10 de la mañana, cuando efectivos policiales detuvieron el vehículo y realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,15 gramos por litro de sangre, más del doble del límite legal permitido en Mendoza, establecido en 0,5 gramos.
Ante la infracción, las autoridades retuvieron el vehículo y la licencia de conducir del edil, quien fue trasladado a la Comisaría Sexta. Según fuentes oficiales, Antolín no opuso resistencia ni intentó utilizar su cargo para evitar sanciones. El caso quedó registrado y será remitido al Juzgado Contravencional, donde podría recibir una multa que alcanzaría los 5 millones de pesos.
La repercusión política fue inmediata. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, utilizó sus redes sociales para marcar postura: “Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”.
En la misma línea, el Partido Libertario emitió un comunicado oficial pidiendo la renuncia de Antolín y la intervención del Tribunal de Disciplina del espacio. Allí señalaron que el episodio representa “una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar”. También remarcaron: “La libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”.
Este caso se suma a una serie de episodios recientes en Mendoza y otras provincias donde funcionarios fueron sancionados por conducir alcoholizados. En enero, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, fue multado con 1 gramo de alcohol en sangre y terminó renunciando tras la presión social y política. En mayo, el concejal de Guaymallén Miqueas Burgoa fue detenido con más de 1,25 gramos y sin licencia; aunque sancionado, logró conservar su banca.
Además, el domingo pasado, el concejal de Bahía Blanca Jonatan Arce renunció después de negarse a realizar el test de alcoholemia durante un control vehicular, pese a integrar la Comisión de Tránsito y Transporte local.
El caso de Antolín vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad institucional y la conducta ejemplar que se espera de los representantes públicos, especialmente frente al endurecimiento social respecto del consumo de alcohol al volante.
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