El hallazgo surgió en el marco de la auditoría integral impulsada por el Poder Ejecutivo sobre la ANDIS y fue validado tras el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Según confirmaron fuentes oficiales, los certificados continuaban habilitando la percepción de asistencias estatales pese a que sus titulares habían fallecido.
Las irregularidades fueron detectadas durante el proceso de revisión encabezado por el interventor Alejandro Vilches, designado tras la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien quedó envuelto en una fuerte controversia luego de la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de presuntos pedidos de coimas. En los últimos días, el exfuncionario presentó un informe pericial ante la Justicia asegurando que dichas grabaciones habrían sido manipuladas mediante inteligencia artificial.
Desde el Gobierno indicaron que Vilches autorizó las bajas de los certificados observados, mientras que en Casa Rosada analizan avanzar judicialmente tanto contra quienes cobraban los beneficios como contra los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmó una fuente con acceso al expediente, quien agregó que se realizará un cotejo exhaustivo entre los fallecidos y los prestadores que facturaban servicios.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones otorgadas por el Estado. Su emisión depende de una Junta Interdisciplinaria, encargada de evaluar cada caso.
La auditoría sobre la ANDIS fue dispuesta el 28 de agosto, luego de una serie de denuncias internas y acusaciones cruzadas que incluyeron señalamientos de Spagnuolo contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, por presuntos pedidos de coimas. Los resultados finales del proceso de revisión aún no fueron cerrados y podrían ser oficializados hacia el primer trimestre de 2026.
En Balcarce 50, las críticas hacia el exfuncionario se multiplicaron tras la viralización de los audios. Funcionarios aseguran que existieron fallas graves de control, inconsistencias administrativas y una falta de reportes regulares sobre el funcionamiento del organismo. Incluso, se evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS y hacerla depender del Ministerio de Salud, aunque la iniciativa finalmente no prosperó.
Las alertas también se encendieron tras detectarse un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, según un informe preliminar elaborado tras la salida de Spagnuolo.
El escándalo se produce en una semana marcada por la discusión en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno intentó derogar mediante el Presupuesto 2026. La iniciativa fue resistida en Diputados y, aunque el oficialismo buscaba insistir en el Senado, ahora analiza prescindir de la derogación y avanzar con modificaciones al texto vigente.
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