El fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, desestimó la denuncia presentada por una mujer que había denunciado la supuesta desaparición de unos 12.500 dólares de una caja fuerte luego de un allanamiento realizado en su vivienda de Capital.
El representante del Ministerio Público sostuvo que no se encontraron “elementos probatorios contundentes” que permitieran atribuir a funcionarios policiales o judiciales conductas de sustracción del dinero. Además, destacó que el procedimiento sobre la caja fuerte se realizó bajo controles que, según su análisis, descartan sospechas de un manejo clandestino o irregular de los elementos secuestrados.
La denuncia había sido presentada por Laura Naranjo, una agente inmobiliaria cuya vivienda fue allanada el 14 de julio en el marco de una investigación por un robo de 80.000 dólares, entre otros efectos, ocurrido en Santa Lucía. En esa causa está involucrado el automóvil de su marido, un Fiat Cronos. La defensa del propietario sostiene que el vehículo había sido alquilado y que él no tuvo participación en el hecho.
Durante el procedimiento no fue encontrado el automóvil, pero los investigadores secuestraron distintos elementos, entre ellos una caja fuerte. Naranjo afirmó que dentro de ella tenía ahorros por 15.360 dólares y que, luego de que fuera abierta durante el operativo y trasladada a Tribunales, solamente se encontraron 2.900 dólares.
La mujer realizó la denuncia con el patrocinio de los abogados Marcelo Sandez y Néstor Olivera. La presentación apuntaba contra funcionarios judiciales y policiales que habían intervenido en el procedimiento.
Qué determinó el fiscal
Al analizar la denuncia, Schiattino sostuvo que el allanamiento se desarrolló con presencia de distintas personas y bajo controles previstos por el procedimiento judicial.
Según explicó, la apertura y revisión de la caja fuerte se realizó con presencia de personal policial, funcionarios judiciales y una empleada de la vivienda. Además, participaron dos testigos civiles de actuación, quienes presenciaron la revisión y firmaron los sobres utilizados para el resguardo de los elementos.
El fiscal también destacó que la caja fuerte fue trasladada a la Unidad Fiscal de Investigación Delitos contra la Propiedad para quedar bajo custodia. De acuerdo con el expediente, ingresó completamente cerrada y sus llaves fueron resguardadas en un sobre separado.
La posterior apertura en sede judicial tampoco se realizó sin controles. Schiattino señaló que fue reprogramada a pedido de la Fiscalía para garantizar la presencia de la parte allanada y que el procedimiento fue registrado mediante una videograbación continua, con la presencia y control del abogado defensor Marcelo Sandez.
Además, se utilizó un código hash sobre la grabación, mecanismo destinado a garantizar la integridad del archivo y detectar eventuales modificaciones posteriores.
El dinero que fue contabilizado
De acuerdo con el recuento oficial realizado en sede judicial, dentro de la caja fuerte había 2.900 dólares y otros 371 dólares deteriorados.
Para el fiscal, no existió durante el procedimiento un inventario formal que acreditara que los 15.360 dólares denunciados por Naranjo se encontraban físicamente dentro de la caja al momento del allanamiento.
La documentación contable presentada posteriormente por la denunciante fue considerada por Schiattino como un documento privado de confección unilateral. Según el fiscal, ese elemento no permite acreditar por sí mismo la ubicación física del dinero dentro de la caja fuerte cuando se realizó el procedimiento.
Con esos fundamentos, la Unidad de Delitos Especiales desestimó la denuncia al considerar que no existían elementos suficientes para atribuir una conducta delictiva a los funcionarios policiales o judiciales que participaron del allanamiento.
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