El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que el Poder Ejecutivo solicitara al Senado el retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, propuesta para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6 y fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Los denunciantes sostienen que la decisión del Gobierno respondió a una “persecución ideológica” y a un supuesto acto discriminatorio vinculado al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, integrante de La Nación.
Según trascendió, el pliego ya había reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, y estaba en condiciones de avanzar hacia el recinto. Sin embargo, el oficialismo solicitó frenar el trámite parlamentario.
El conflicto tomó mayor dimensión pública luego de que Alconada Mon confirmara en redes sociales el trasfondo político de la decisión. El periodista viene publicando investigaciones relacionadas con presuntos movimientos patrimoniales de funcionarios nacionales y el caso de la criptomoneda $LIBRA.
Debate sobre los límites del Poder Ejecutivo
El caso volvió a instalar el debate sobre las facultades del Ejecutivo para retirar pliegos judiciales mientras permanecen bajo análisis del Senado.
Especialistas recuerdan que la Constitución Nacional otorga al Presidente la potestad de enviar y retirar postulaciones antes de que reciban acuerdo formal de la Cámara alta. Sin embargo, la denuncia plantea que esa atribución no podría utilizarse con fines discriminatorios o como represalia indirecta contra la libertad de prensa.
Además, los denunciantes citaron antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre igualdad de oportunidades, mérito e independencia judicial en los procesos de selección de magistrados.
Ahora será la justicia federal la que deberá determinar si la decisión adoptada por la Casa Rosada constituye un acto político no judiciable o si puede encuadrarse dentro de delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
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