El sueño de la casa propia es un anhelo que muchas familias sanjuaninas desean poder cumplir. Lamentablemente, el camino es sinuoso para algunos, que en algunos casos no están exentos de sufrir irregularidades. Es lo que le ocurrió a un grupo de 34 familias que desde hace algunos años comenzaron a pagar carpetas para un barrio en Rawson, pero el barrio se entregó y ellos no pudieron acceder a sus viviendas.
Este miércoles, parte de esos damnificados se concentraron en la puerta de Tribunales para conocer como avanza la investigación, la cual fue tomada por la UFI Defraudaciones y Estafas.
Todo comenzó en 2006, cuando las primeras familias comenzaron con la compra de las carpetas para la construcción del barrio UDA II, actualmente ubicado en inmediaciones de calles Progreso y General Acha, en Rawson. La venta de dichas carpetas era canalizada a través de la cooperativa La Fraternidad, que fungía como intermediaria entre los compradores y el gremio UDA (que generaba el financiamiento) mientras que el IPV se encargaría de la construcción.
Con el correr de los años, muchas familias se sumaron a la compra de estas carpetas, pero las irregularidades comenzaron cuando desde la cooperativa comenzaron a vender más carpetas que cantidad de viviendas disponibles. Cabe aclarar que el Barrio UDA II tiene 86 casas y la cooperativa llegó a vender 145 carpetas.
Esto les hizo ruido a los compradores, que exigieron explicaciones y desde la entidad les dijeron que esas carpetas adicionales eran para un futuro anexo que tendría el barrio, en el cual se construirían 60 viviendas más.
Sin embargo, llegó el día de la entrega del barrio (el 4 de noviembre de 2022) y 86 familias cumplieron el sueño de la casa propia, pero hubo más de 60 grupos que durante años abonaron las cuotas de sus respectivas carpetas y no pudieron acceder a sus viviendas, pero solo 36 accionaron por la vía legal.
Desde allí comenzó el periplo de estos damnificados que, abiertamente, denunciaron haber sido estafados por la cooperativa, ya que, al momento de exigir al menos la devolución del dinero, no tuvieron respuesta.
Es por eso que hoy piden por respuestas para saber el destino del dinero que pagaron por esas carpetas o al menos, saber qué pasará con las viviendas. Tras el fallecimiento del histórico secretario general de UDA, Julio Roberto Rosa en diciembre de 2022, los denunciantes mantuvieron reuniones con quien se hizo cargo del gremio, Lucio Vásquez; y posteriormente, con Karina Navarro, quien conduce UDA desde octubre de 2023, pero todavía no han avanzado en soluciones concretas.
Este miércoles por la mañana, representados por el abogado Pablo Ávila, se reunieron con el fiscal de la UFI Defraudaciones y Estafas, Nicolás Alvo, para conocer el estado en que se encuentra la causa. La denuncia fue radicada hace 8 meses y la investigación se encuentra en curso.
El próximo martes se reunirán en el IPV para pedir los expedientes de las carpetas, lo cual será fundamental para avanzar en la investigación.
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FUENTE: 0264Noticias
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