Durante semanas, la imagen se repitió en distintos puntos de San Juan: largas filas de personas esperando para escanear su iris a cambio de dinero. Lo que parecía una oportunidad rápida, en medio de necesidades económicas urgentes, terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en la provincia.
La propuesta creció con rapidez. Los turnos se gestionaban mediante aplicaciones, los pagos se realizaban a través de billeteras virtuales y los puntos de atención se llenaban de interesados. Sin embargo, a medida que avanzaba la operatoria, también comenzaron a surgir dudas sobre el destino de los datos biométricos y las garantías reales del procedimiento.
En ese contexto, el entonces secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, advertía que aún había aspectos por esclarecer. “Estamos trabajando intensamente para determinar si esa actividad está dentro de la ley o fuera de ella”, señalaba. Tras los primeros operativos, agregaba: “Ellos están legales. Ahora, queda investigar otros aspectos, para esclarecerlo y que no haya perjuicio para ningún ciudadano nuestro”.
Las inspecciones reflejaban la magnitud del fenómeno. “Se constata que varias personas hacen cola para ingresar”, describía el funcionario. Pero el principal obstáculo era la falta de denuncias. “El problema es que nadie denuncia. Si hubiera una persona que diga que lo han engañado en algún tramo, inmediatamente procedemos”, advertía.
Desde Defensa al Consumidor, su titular, Fabiana Carrizo, sostenía una postura similar: “En el caso de San Juan, no hay contratos, sino que se manejan por una App… están en regla”. Aun así, la ausencia de documentación tradicional y el uso exclusivo de plataformas digitales dejaban interrogantes abiertos.
Con el paso del tiempo, esas dudas llegaron a la Justicia. Este 7 de agosto de 2026 se conocieron los detalles de la investigación que terminó confirmando el engaño. Según fuentes judiciales, Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta captaban víctimas —principalmente en Rawson— entre agosto y septiembre de 2024, bajo la promesa de empleo para una supuesta empresa europea llamada WorkCoin.
A cambio de unos 10.000 pesos, las personas entregaban el escaneo de su iris sin saber que esos datos serían utilizados con fines ilícitos. Con esa información, los acusados creaban cuentas digitales que luego funcionaban como “mulas” en operaciones vinculadas a criptomonedas, quedándose tanto con el dinero como con los datos personales de las víctimas.
La investigación, llevada adelante por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas junto a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, concluyó que actuaron de manera premeditada y aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad.
El fallo fue por estafa y violación de la privacidad. Ambos recibieron una pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta.
“Queremos saber la verdad de todo esto para darle tranquilidad a la gente. No nos vamos a quedar con dudas”, había dicho Sánchez en los inicios del caso. Hoy, con la causa cerrada, aquella frase vuelve a cobrar sentido en una historia que pasó del furor en la calle a los tribunales.
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