El Consejo de la Magistratura tenía previsto reunirse este lunes a las 8 para definir la terna de candidatos al cargo de fiscal General de la Corte de Justicia, pero el encuentro fue suspendido a último momento y se reprogramaría para el martes 30 de septiembre. La postergación abrió un abanico de especulaciones políticas en torno a un puesto clave: el jefe de los fiscales que investigan los delitos en San Juan.
En el plano político, la pulseada aparece marcada. El oficialismo busca garantizar que en la terna figure un postulante identificado con el orreguismo. Entre los nombres que circulan destaca Guillermo Baigorrí, juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo, con amplia trayectoria y pasado político ligado a Producción y Trabajo.
Por el lado del justicialismo, las miradas apuntan a la influencia del exgobernador Sergio Uñac, quien mantendría un candidato bajo reserva. La disputa refleja la magnitud de la decisión y los intereses que confluyen en torno al Consejo de la Magistratura, que hoy está integrado por la ministra Laura Palma (oficialismo), la diputada Fernanda Paredes (PJ), los abogados Valeria Torres y Raúl Acosta, y el cortista Juan José Victoria.
El tablero muestra posiciones firmes y otras más abiertas, lo que convierte la negociación en un factor clave. Mientras tanto, la demora en el envío de la terna a la Cámara de Diputados podría empujar la designación del futuro fiscal General para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando el escenario político podría reconfigurarse.
En definitiva, la definición del cargo se convirtió en la primera gran batalla: al interior del Consejo de la Magistratura y, luego, en la Legislatura, donde el oficialismo y el PJ miden fuerzas con números muy ajustados.
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