En la mañana de este martes, tras un cuarto intermedio, uno de los responsables de las amenazas de bomba al Centro Cívico admitió su culpabilidad y fue condenado en juicio abreviado. El acusado recibió una pena de 2 años de prisión condicional.
Además, se acordó con la Fiscalía del Estado el pago de $4.000.000 por los gastos generados durante el operativo de seguridad.
En este marco, la oficina de Justicia Restaurativa, encargada de trabajar con menores de edad involucrados en delitos, cuenta con 130 profesionales que atienden a jóvenes de distintos municipios. Actualmente, hay 8 personas bajo tratamiento, 7 varones y 1 mujer.
Según la referente de la oficina, Ana Catalina Illanes, “la mayoría de los casos provienen de familias de clase media, muy trabajadoras. Son chicos escolarizados que no han tenido antecedentes y que enfrentan situaciones que impactan tanto en ellos como en sus familias”.
Illanes explicó que la misión de la oficina es asignar un facilitador para trabajar con cada joven y su familia, promoviendo la responsabilidad, la contención y la restauración: “Es un trabajo con el chico y con la familia, para que él pueda responsabilizarse y la comunidad pueda sanar del daño causado”.
Desde 2023, el programa se implementó en Capital, Santa Lucía, Rawson y Jáchal, abordando causas de hurtos y, desde agosto, delitos contra la seguridad pública.
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