La investigación por la presunta estafa vinculada a la concesionaria Branka Motors sumó este martes un nuevo capítulo, luego de que personal judicial allanara otro comercio dedicado a la venta de motos y secuestrara dos vehículos. El procedimiento se enmarca en la causa que ya acumula decenas de denuncias en San Juan.
Según informaron fuentes allegadas a la investigación, el operativo estuvo a cargo de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, bajo la conducción del fiscal Guillermo Heredia, y se llevó a cabo en una empresa denominada Emmebe, ubicada sobre calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. Como consecuencia del allanamiento, el local quedó clausurado para la atención al público.
Si bien no trascendieron mayores precisiones sobre el procedimiento, desde la Justicia confirmaron que existe una vinculación entre la firma allanada y Branka Motors, la concesionaria que se encuentra en el centro de la causa. Del lugar, los efectivos secuestraron dos motos y documentación que sería clave para avanzar en la investigación.
Este es el segundo allanamiento derivado de la instrucción judicial. El primero se realizó en el local comercial de Branka Motors, situado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, donde los investigadores incautaron teléfonos celulares y papeles considerados de interés para la causa, que se maneja con estricto hermetismo.
En el ámbito judicial se especula con que el expediente podría superar las 170 denuncias. En tanto, desde la Dirección de Defensa al Consumidor confirmaron que ya registraron 163 reclamos formales, número que continúa en aumento. Ante este escenario, el organismo convocó a una audiencia de conciliación para este viernes a las 10 de la mañana en el Centro Cívico, aunque aún se desconoce si la empresa denunciada se presentará y quién asumirá la representación legal.
De acuerdo a lo informado por las autoridades provinciales, se trata de la acción colectiva más grande registrada hasta el momento en Defensa al Consumidor, lo que da cuenta de la magnitud y gravedad del caso, que podría dejar un elevado número de damnificados en la provincia.
Desde la repartición que conduce Fabiana Carrizo señalaron que se detectaron dos tipos de irregularidades principales: por un lado, la falta total de entrega de los vehículos, pese a que los clientes abonaron montos que en algunos casos superan los $1.200.000, incluso al contado; y por otro, la entrega de motos sin la documentación necesaria, situación que afecta aproximadamente al 10% de los casos y que impide o demora el patentamiento.
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