El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, cobro de sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, el magistrado lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que, según la investigación judicial, cooptó la Andis para enriquecerse a través de maniobras irregulares en contrataciones y licitaciones.
Junto a Spagnuolo también fueron procesados como líderes de la organización Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al rubro de las droguerías y con antecedentes de participación en distintas gestiones políticas.
De acuerdo al fallo, Calvete y Atchabahian habrían logrado ejercer un control de hecho sobre la Agencia desde fuera del organismo, en coordinación con funcionarios de máxima jerarquía. La causa detalla la existencia de licitaciones “digitadas”, intermediaciones forzadas y sobreprecios que perjudicaron al Estado.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y privados que habrían intervenido con distintos roles dentro del esquema delictivo.
Según sostuvo el juez, durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, donde operadores externos y autoridades oficiales actuaron de manera coordinada “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
“La Agencia fue cooptada y utilizada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de su finalidad pública: la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad”, remarcó Casanello en su resolución.
No obstante, el magistrado advirtió que la investigación podría ampliarse. En el tramo final del fallo señaló que el esquema delictivo “no parecería agotarse en los hechos probados” y que existen indicios de que la lógica de intermediación y sobreprecios se habría extendido a otras áreas del organismo, con un posible “nivel superior de complicidades”.
Audios y polémica
La causa se inició en agosto pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en investigaciones periodísticas. El caso tomó notoriedad pública cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona que Daniel Garbellini habría sido impuesto “para chorear” y se alude a supuestos retornos que involucrarían a Karina Milei y a advertencias realizadas al propio presidente.
Sin embargo, esos audios no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez Casanello, quien no los mencionó en su fallo. Las defensas alegaron que se trata de grabaciones de origen ilícito y solicitaron la nulidad de la causa, planteo que fue rechazado por el magistrado.
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