Cada diputado sanjuanino cuesta $791 millones al año, casi la mitad del promedio nacional

Un informe de la Fundación Libertad, basado en los presupuestos provinciales de 2026, ubicó a San Juan en el puesto 17 entre las 24 jurisdicciones analizadas. El estudio también expuso las diferencias en el gasto legislativo, la cantidad de empleados y el peso de los salarios en las cámaras provinciales.

En la misma semana en que la Argentina conmemoró el Día del Legislador, un informe de alcance nacional puso el foco en cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus cámaras parlamentarias. Según el relevamiento de la Fundación Libertad, mantener a cada diputado de San Juan cuesta $791.218.889 al año, una cifra equivalente a casi la mitad del promedio nacional.

De acuerdo con los datos de los presupuestos provinciales de 2026, la Cámara de Diputados de San Juan, integrada por 36 legisladores, cuenta con una partida de $28.483.880.000 para la función legislativa. Al distribuir ese monto entre las bancas, el costo anual por representante se ubica en torno a los $791,2 millones.

El promedio nacional, en tanto, alcanza los $1.530.692.336 anuales por legislador, lo que representa aproximadamente $127,6 millones mensuales. San Juan se ubica así en el puesto 17 entre las 24 jurisdicciones evaluadas, por debajo de la media del país.

La comparación permite observar diferencias importantes entre las estructuras parlamentarias provinciales. Sin embargo, el costo por banca refleja el presupuesto total de cada legislatura dividido por la cantidad de representantes y no equivale exclusivamente al sueldo de los diputados.

Las diferencias entre las provincias

El relevamiento muestra fuertes contrastes en el gasto legislativo. Tucumán encabeza el listado con $3.725 millones anuales por legislador, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones.
En el otro extremo aparecen San Luis, con $176 millones por banca al año, y Santiago del Estero, con $206 millones. La distancia entre los distritos evidencia que la cantidad de legisladores no es el único factor que determina el costo de funcionamiento de una cámara.

En la región de Cuyo, San Juan registra un gasto por legislador superior al de Mendoza, donde el indicador ronda los $471 millones anuales, y al de San Luis, que presenta el valor más bajo del país.

En conjunto, las legislaturas provinciales cuentan con un presupuesto que asciende a $1,84 billones, según el informe.
el peso de los salarios y la cantidad de empleados

Uno de los principales factores que explica las diferencias es el gasto en personal. En promedio, el 84% de los presupuestos legislativos provinciales se destina a este rubro, que incluye los salarios de los legisladores, secretarios, asesores y empleados de planta permanente y transitoria.

En provincias como Río Negro, Formosa, Mendoza y Santa Cruz, el gasto en personal supera el 94% de los recursos de sus respectivas legislaturas.

La cantidad de trabajadores por banca también presenta diferencias significativas. La media nacional es de 27 empleados por legislador, aunque existen jurisdicciones con estructuras mucho más amplias.

Corrientes registra 72 trabajadores por banca, con un total de 3.234 empleados. En contraste, San Luis cuenta con dos trabajadores por legislador, Santiago del Estero con cinco y Córdoba con ocho, según el relevamiento.

La comparación con España

El estudio también establece una comparación internacional con las cámaras legislativas de las comunidades autónomas de España. Allí, el gasto promedio por legislador equivale a unos $628 millones, frente a los $1.531 millones del promedio argentino.

Esto significa que el costo medio por representante en las provincias argentinas es aproximadamente 2,44 veces superior al registrado en las instituciones españolas consideradas en el análisis.

También existen diferencias en la composición presupuestaria: mientras que el gasto en personal representa el 84% de los recursos legislativos provinciales argentinos, en las cámaras españolas alcanza alrededor del 60%.

Los datos permiten dimensionar las diferencias presupuestarias entre las jurisdicciones y abren el debate sobre el tamaño de las estructuras parlamentarias, la distribución de los recursos públicos y los criterios utilizados para financiar el funcionamiento de las legislaturas.

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