Branka Motors: Audiencia clave para definir el futuro judicial de los acusados de estafa

Los propietarios de la firma no cumplieron con el pago de la primera cuota acordada con los damnificados y podrían volver a quedar detenidos.

Los propietarios de Branka Motors, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, se encuentran este viernes en Tribunales participando de una audiencia clave dentro de la causa en la que están acusados de estafa contra 352 damnificados, con un perjuicio económico estimado en más de $524 millones.

La audiencia fue solicitada por el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, luego de que los acusados incumplieran con el pago de la primera cuota prevista en el acuerdo de reparación integral firmado en la causa.

Según se había establecido, el primer desembolso debía concretarse el pasado 25 de abril, pero finalmente no se realizó, generando preocupación y malestar entre las víctimas que habían aceptado la propuesta judicial para intentar recuperar parte del dinero perdido.

El acuerdo contemplaba la devolución de los fondos en cinco cuotas distribuidas en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, desde la querella advirtieron que podrían solicitar que el convenio quede sin efecto y que se revisen las medidas que actualmente benefician a los imputados, entre ellas la libertad bajo ciertas condiciones mientras continúa la investigación.

Además del incumplimiento, los denunciantes remarcaron el impacto económico que provoca la demora en un contexto inflacionario, teniendo en cuenta que el dinero acordado pierde valor con el paso de las semanas.

La causa, vinculada a presuntas maniobras fraudulentas realizadas a través de operaciones comerciales de Branka Motors, ya supera los 500 millones de pesos y se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de San Juan en materia de estafas.

La investigación continúa encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, quien trabaja sobre movimientos patrimoniales y financieros para determinar el destino del dinero denunciado por las víctimas. Ahora, el incumplimiento del acuerdo vuelve a poner el foco sobre la situación procesal de los acusados y abre un nuevo escenario judicial.

Comentarios