El expediente es impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Para esta jornada están citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, señaladas como acreedoras de un préstamo de 100.000 dólares otorgado a Adorni, garantizado mediante una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
A pedido del fiscal, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de ambas, con el objetivo de analizar su capacidad económica y verificar la legalidad de la operación.
La causa también avanzará el miércoles, cuando declaren otras dos testigos: las jubiladas que vendieron al funcionario un segundo departamento en Caballito. Según consta en la investigación, la operación se realizó mediante una hipoteca entre privados: Adorni abonó 30 mil dólares y quedó adeudando 200 mil, sin intereses y con vencimiento en noviembre próximo.
En este caso, también se ordenó levantar el secreto fiscal de las vendedoras para analizar sus ingresos, bienes y movimientos financieros.
Uno de los puntos más sensibles del proceso es que las testigos deberán presentarse en tribunales con sus teléfonos celulares, ya que la fiscalía busca acceder a mensajes, audios, correos electrónicos y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas.
De acuerdo con la documentación, el préstamo inicial habría sido aportado en un 85% por Molina —comisario retirada de la Policía Federal— y en un 15% por su hija. Ese dinero, según se investiga, habría sido utilizado para la compra de una propiedad en un club privado en Exaltación de la Cruz.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó deudas millonarias con ambas prestamistas, lo que ahora será contrastado con la trazabilidad real de los fondos.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y continúa bajo la órbita del juzgado de Lijo. En paralelo, el magistrado también investiga al jefe de Gabinete por presuntas dádivas vinculadas a un viaje en avión privado a Punta del Este.
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