La causa contra un médico de San Juan dio un paso clave este miércoles y quedó más cerca de la etapa de juicio, luego de que la fiscalía presentara formalmente la acusación y detallara las pruebas reunidas durante la investigación.
El profesional está imputado por presunta estafa y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la reconstrucción del caso, habría solicitado dinero a un paciente para realizar una cirugía en un hospital estatal, donde la práctica debía ser gratuita.
El fiscal Nicolás Schiattino explicó que el médico habría fijado un pago de $250.000, apelando a la urgencia del paciente, quien necesitaba ser intervenido quirúrgicamente. De acuerdo a la acusación, el argumento utilizado fue la supuesta falta de insumos, lo que derivó en el pedido de una transferencia.
La investigación también expone el recorrido del dinero: el pago se habría concretado a través de una billetera virtual, desde la cuenta del paciente hacia una cuenta personal del imputado. Para la fiscalía, este punto es central, ya que en el sistema público los profesionales no pueden percibir honorarios de manera directa por este tipo de prácticas.
El caso se originó a partir de una denuncia realizada en marzo de 2025 por la pareja del paciente, quien falleció días después de la intervención. Según consta en el expediente, el hombre había sufrido una lesión en el tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol y fue atendido por el médico ahora acusado, quien indicó la necesidad de una cirugía.
Siempre de acuerdo a la acusación, antes de la operación —realizada en un hospital público— el profesional habría solicitado el pago mediante un mensaje, condición que se habría cumplido previamente. El paciente fue operado, recibió el alta al día siguiente y murió pocos días después mientras era trasladado a otro centro de salud.
Con esta instancia concluida, el expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio, donde se evaluarán las pruebas y se definirá la eventual responsabilidad penal del imputado. En ese marco, la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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