La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de delitos vinculados a la utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos.
Según trascendió, la denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, que detectaron movimientos de dinero en la AFA —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— sin el respaldo documental correspondiente. Para el organismo, estas maniobras podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y eludir los controles fiscales vigentes.
El material probatorio ya fue puesto a disposición de la Justicia federal, mientras el organismo continúa avanzando con acciones administrativas y judiciales en el marco de sus competencias legales. De manera preliminar, se estima un perjuicio fiscal superior a los 375 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme avance la investigación.
Esta no es la primera presentación contra la AFA. ARCA ya había denunciado posibles maniobras de evasión tributaria y previsional por un monto que superaría los 19 mil millones de pesos, causa que también tramita en el fuero federal.
Cómo comenzó la investigación
La fiscalización integral se inició tras alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. A partir de esos controles, se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.
La investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes. Incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.
Según fuentes judiciales, se detectó un patrón reiterado: empresas que emitían facturas por montos millonarios sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios facturados.
Resoluciones y postura de la AFA
Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas e IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para ejercer su defensa.
La AFA rechazó los ajustes y manifestó su disconformidad, lo que llevó al organismo a avanzar con un procedimiento determinativo de oficio, una instancia que habilita una revisión más profunda cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente investigados, ampliando tanto el período bajo análisis como el volumen de operaciones cuestionadas.
Montos en discusión
De acuerdo a la cuantificación provisional, los ajustes fiscales alcanzan los siguientes montos:
Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas
• Período 2025: $170.061.981,26
• Período 2024: $181.890.906,64
• Período 2023: $22.934.217,46
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Período 2023: $1.160.350,80
En total, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin incluir intereses resarcitorios ni eventuales multas, y sujeto a modificaciones al cierre del procedimiento.
Proveedores bajo la lupa y figura penal
Más de una decena de proveedores presentan irregularidades similares: domicilios inexistentes, ausencia de empleados, falta de infraestructura, movimientos bancarios atípicos y vínculos societarios con firmas incluidas en registros de contribuyentes no confiables.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Según los informes, la sola emisión de facturas no resulta suficiente si no se acredita la prestación real del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad efectiva del proveedor.
ARCA sostiene que, por el volumen de operaciones y la reiteración de proveedores cuestionados, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones. Para los investigadores, no se trata de errores aislados, sino de un esquema repetido durante varios ejercicios fiscales.
La causa se encuentra actualmente en etapa de instrucción. No hay imputaciones penales formales, aunque las actuaciones describen indicios que podrían configurar un delito penal tributario. El expediente permanece abierto y podría ampliarse si surgen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha.
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