La medida afectará a los usuarios del transporte público desde la medianoche del miércoles 12 de marzo hasta las 24 horas del jueves 13 de marzo, sin asistencia de los choferes a los lugares de trabajo.
Ante la falta de respuestas, el sindicato resolvió dar un ultimátum de 24 horas para completar las comunicaciones legales antes de avanzar con la medida de fuerza.
Además de responsabilizar a la Cámara Empresaria por el conflicto, UTA también apuntó contra la Subsecretaría de Trabajo, que había propuesto una conciliación obligatoria. Sin embargo, desde el gremio rechazaron esta vía, argumentando que «no corresponde legalmente porque se trata del pago de salarios y no de una negociación».
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