La resolución, adoptada el viernes pasado, habilita a los abogados del organismo recaudador —ex AFIP— a acceder de manera plena al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar decisiones judiciales, convirtiéndose en acusadores privados directos contra la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA el 12 de diciembre, en la que advirtió que la AFA habría retenido fondos correspondientes a los clubes sin girarlos al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó formalmente la investigación e imputó a la cúpula de la entidad por el delito de evasión agravada.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de pérdida de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero, lo que permitió que el expediente avanzara sin esperar al mes de febrero. Esta medida posibilitó la adopción de resoluciones clave, como la aceptación de la querella y la emisión de oficios urgentes.
Según el escrito presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal ascendería a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas corresponden al no ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social, en un período que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025.
El detalle de la deuda es significativo: solo por retenciones del Impuesto a las Ganancias no depositadas, el monto supera los $8.000 millones, mientras que por aportes a la Seguridad Social —descuentos efectuados a empleados de los clubes— la cifra asciende a más de $8.600 millones.
En su presentación judicial, ARCA sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el organismo, no se trata de una deuda común, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, dado que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento mismo de su percepción.
Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y el juez ordenó una serie de medidas de prueba para reconstruir la denominada “ruta del dinero”. Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central y a las entidades bancarias que operan con la AFA, con el objetivo de analizar los movimientos financieros y determinar si los fondos fueron utilizados de manera transitoria para obtener rendimientos.
La defensa de la AFA, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque hasta el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.
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