Sergio Massa anunció que enviará un proyecto de ley para facilitar el registro de cuentas de argentinos en Estados Unidos no declaradas e identificadas a partir del acuerdo de intercambio de información con ese país, con la expectativa de conseguir respaldo de una parte de la oposición para sancionarlo en febrero.
«Vamos a enviar el proyecto en los próximos días y aspiramos a tratarlo en extraordinarias», anunció el ministro en declaraciones radiales.
El objetivo es incentivar la declaración de los titulares de cuentas detectadas a cambios de beneficios fiscales y exenciones judiciales, que permitirán una recaudación por multas y un aumento de la base tributaria.
En Juntos por el Cambio no hay una posición unificada. La UCR anticipó su rechazo, pero en el PRO esperan la letra fina y sus socios creen que podrían ceder. «Si tiene alícuotas parecidas al blanqueo de 2016, los macristas podrían acompañar. Pero antes necesitan algo para mostrar», se sinceró un referente radical que participa de las negociaciones intramuros.
Presionados por Macri, el PRO mantiene una línea de acción en el Congreso que consiste en rechazar leyes que signifiquen mayor gasto y ser cautos con las que puedan generar ingresos. Por caso, durante el debate del presupuesto no votaron la continuidad de las retenciones a las exportaciones, pero no propusieron su eliminación sino una baja de sólo 3 puntos las retenciones de soja. No prosperó.
Una alternativa que se barajó en las reuniones de JxC fue avalar el blanqueo fue pedir una rebaja de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales a los valores de 2017, pero finalmente la descartaron. El dato alentador para Massa es que el principal frente opositor no emitió un comunicado en contra del convenio con Estados Unidos y del anuncio de una ley de blanqueo.
Moreau intenta reabrir Diputados para aprobar el blanqueo de Massa
El ministro mantiene charlas informales con quienes hasta hace poco fueron sus colegas, pero aún así descartó un debate legislativo antes de fin de año. Quedará para la reanudación de la actividad parlamentaria, que difícilmente sea antes de febrero. Requiere un pedido expreso al Congreso del presidente Alberto Fernández.
El plan no cambió: impulsar una ley para facilitar la exteriorización de fondos no declarados que surjan con el intercambio de información fiscal acordado con Estados Unidos. En Economía calculan que puede haber hasta 100 mil millones de dólares sin registrarse en la AFIP.
Al saberse descubiertos, sus titulares tendrían la opción de delatarse antes, pagar menos costas y no afrontar juicios. Y el gobierno se beneficiaría del cobrar rápido, sin esperar los tiempos tribunalicios.
«Los datos nos llevarían a un proceso de judicialización de cada una de las situaciones. Por eso se establece previamente al momento de la entrega de la información la posibilidad de que voluntariamente esos ciudadanos informen a la AFIP su situación con castigos menores a los que prevé la ley», explicó Massa.
Cuando presentó el acuerdo con Estados Unidos, el ministro instruyó a su sucesora Cecilia Moreau y al jefe del oficialismo Germán Martínez convocar a las comisiones para iniciar el debate de un blanqueo.
La idea original era utilizar el proyecto del senador oficialista Oscar Parrilli aprobado en la Cámara alta y cajoneado en Diputados, que establece multas de entre 20 y el 35% para quien declare fondos en el exterior o hasta el 50% si son descubiertos por la AFIP.
La iniciativa del neuquino prevé como destino de la recaudación la cancelación de los 44 mil millones de dólares al FMI. Las cuentan dan: según registros del Banco Mundial, hay hasta 350 mil millones de dólares de argentinos no declarados por el mundo.
Pero para que hubiera un incentivo a regularizar los fondos en el exterior, Parrilli presentó otra ley que levanta el secreto bancario y nunca fue tratada por resistencia del Banco Central.
Con la información de cuentas y activos de argentinos en Estados Unidos Massa encontró un incentivo, pero prefiere un proyecto de ley propio para facilitar las negociaciones con la oposición.
Por caso, ningún bloque está dispuesto a acompañar la incorporación del informante que tiene el proyecto de Parrilli, para premiar a quien delate cuentas no registradas que conozca. Podrían surgir muchos conflictos familiares.
«Leí por ahí que yo necesitaba una ley. No es así: la necesitan quienes se encuentran en una situación irregular frente a la AFIP, para que no tengan una litigiosidad frente al fisco argentino», aclaró Massa.
El borrador que circuló y se empezó a negociar con la oposición contempla una rebaja impositiva para declarar bienes en el exterior y asignaciones específicas con lo recaudado.
Establece una alícuota diferencial hasta el 31 de marzo, que se duplica al 1 de junio y se cuadruplica hasta el 30 de septiembre. Además, se incrementa cuando no existe repatriación de los bienes.
Se entiende como tal cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.
Además de la rebaja de alícuotas, los evasores alcanzados tendrán otros beneficios si declaran sus bienes como la exención de cargos civiles, comerciales; penales tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativos.
Tampoco se les cobrará deudas por el impuesto a las Ganancias, al IVA, bienes personales y de contribución especial de cooperativas.
Y habría un régimen simplificado con la mitad de las alícuotas a las personas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera en efectivo por un monto que no supere el 35% anual de los ingresos anuales de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta 50 mil dólares. Sólo quedarían excluidos de este beneficio los grandes contribuyentes que pagaron el aporte solidario.
El blanqueo contemplaría un destino específico de la recaudación. Un 20% para el pago al FMI, otro 20% para subsidiar las micro, pequeñas y medianas empresas, un 20% al programa integral de becas Progresar y un 40% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. El proyecto todavía no ingresó. Y se trataría en febrero.
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