La Corte de Justicia de San Juan rechazó el recurso presentado por la familia de Lucía Rubiño para intentar revertir el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray por el delito de homicidio culposo. La decisión ratifica su desvinculación de esa imputación y representa un nuevo revés judicial para la querella, encabezada por el abogado Marcelo Fernández.
Con este fallo, queda vigente la resolución dictada originalmente por el juez de Garantías Javier Figuerola en mayo de 2025 y confirmada posteriormente por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Aquella decisión había apartado a Echegaray de la acusación por la muerte de la adolescente.
Aunque todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia, trascendió que el rechazo del máximo tribunal provincial respondió a cuestiones formales de admisibilidad. De esta manera, la Corte no habría ingresado al análisis de fondo de los cuestionamientos presentados contra el sobreseimiento.
Ante este escenario, la representación legal de la familia podría evaluar la presentación de un recurso extraordinario federal. Se trata de una vía excepcional que exige el cumplimiento de requisitos estrictos y cuya admisión no garantiza la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El impacto en la causa por las presuntas picadas
La decisión también tiene consecuencias en el expediente paralelo que enfrenta Echegaray por presuntas pruebas de velocidad ilegales.
La audiencia de control de acusación de esa causa permanecía suspendida a la espera de una definición firme sobre el sobreseimiento por homicidio. Si bien el nuevo fallo modifica ese escenario procesal, la reanudación de los plazos y una eventual fecha de juicio dependerán de las próximas decisiones del juzgado interviniente.
La situación judicial del otro imputado
En paralelo, continúa su propio recorrido la apelación vinculada a N.M., el joven que era menor de edad al momento del hecho y conducía el Renault Sandero que embistió a Lucía Rubiño el 15 de octubre de 2023, en el barrio Profesionales, en Rivadavia.
En ese tramo de la causa, la discusión se centra en la sentencia del juez Jorge Toro, quien lo condenó a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para conducir.
La fiscal Liliana Marinero impulsa la revisión de ese fallo para que el hecho sea recalificado como homicidio con dolo eventual, una figura que podría elevar la pena a cinco años de prisión efectiva.
Este planteo constituye un debate jurídico independiente de la situación procesal de Echegaray y mantiene abierta otra instancia de discusión judicial por la muerte de la adolescente.

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