La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa consiguió 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, con el respaldo de los bloques aliados al oficialismo.
Sin embargo, para alcanzar los votos necesarios, La Libertad Avanza debió aceptar modificaciones al texto original, entre ellas la preservación de la Ley de Tierras de 2011, que limita la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. Como la Cámara baja introdujo cambios, el proyecto deberá regresar al Senado para su ratificación definitiva.
La propuesta ya había sufrido modificaciones durante su tratamiento en la Cámara alta, donde se eliminó el capítulo referido a la utilización de tierras para la producción después de incendios.
Qué cambios propone la ley de propiedad privada
Uno de los principales ejes de la iniciativa es establecer condiciones más estrictas para las expropiaciones por parte del Estado. El texto exige una declaración específica de utilidad pública y contempla el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble.
Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, la compensación por las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación. Este punto generó cuestionamientos de sectores opositores, que advierten que podría incrementar los costos para el Estado.
El proyecto también apunta a agilizar la recuperación de inmuebles ocupados mediante procedimientos judiciales sumarísimos de desalojo. Al mismo tiempo, establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa incluye, además, modificaciones destinadas a modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.
El oficialismo aceptó mantener la ley de tierras
Uno de los cambios más relevantes fue la decisión de conservar la Ley de Tierras de 2011, cuya derogación había sido impulsada por el Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023.
La norma establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Su eventual eliminación había generado cuestionamientos políticos y judiciales, en un debate que volvió a instalarse durante el tratamiento parlamentario.
La diputada Pamela Verasay, de la Unión Cívica Radical, defendió el tratamiento legislativo de las reformas y sostuvo: “Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”.
La preservación de la Ley de Tierras quedó incorporada al texto aprobado por Diputados, en una concesión del oficialismo para reunir los apoyos necesarios. Ahora, el Senado deberá resolver si ratifica las modificaciones introducidas.
Qué dijeron el oficialismo y la oposición
Desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Santurio defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, afirmó.
También respaldó la agilización de los desalojos y sostuvo que las ocupaciones de viviendas desalientan la oferta de alquileres.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento inicial de derogar las leyes de Tierras, Manejo del Fuego e Integración Sociourbana. El legislador atribuyó los cambios en la propuesta oficialista a los cuestionamientos institucionales, judiciales y sociales.
Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, puso el foco en el impacto económico que podría tener el reconocimiento del lucro cesante en las indemnizaciones por expropiación. También sostuvo que la continuidad de la Ley de Tierras fue consecuencia de la movilización social.
En la misma línea, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria, cuestionó el incremento potencial de los costos de las expropiaciones y planteó que las nuevas condiciones podrían dificultar que el Estado recupere bienes privatizados por razones de interés público. Como ejemplo, mencionó el caso de YPF.
El proyecto vuelve al senado
La aprobación en Diputados representa un avance para una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, aunque todavía resta completar el trámite parlamentario.
Debido a las modificaciones incorporadas, el Senado deberá ratificar el texto para que pueda avanzar hacia su sanción definitiva.
Tras la votación, la sesión de la Cámara de Diputados continuó con el debate de iniciativas vinculadas a discapacidad.
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