La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos elementos vinculados al volumen de dinero que habrían movilizado las empresas proveedoras bajo la lupa de la Justicia federal.
De acuerdo con datos surgidos de una auditoría oficial y de informes incorporados al expediente, las compañías investigadas recibieron aproximadamente $192.000 millones por la provisión de medicamentos de alto costo e insumos médicos. Según la documentación analizada, el margen obtenido habría rondado el 40% de los pagos ejecutados.
La causa investiga una presunta asociación ilícita que habría involucrado a empresarios, intermediarios y funcionarios, con un esquema basado en la concentración de contrataciones y posibles sobreprecios en adquisiciones destinadas a personas que dependen de la asistencia estatal.
Uno de los puntos que analiza la investigación son las diferencias entre los valores pagados por Andis y los precios de referencia disponibles en el mercado o en otros organismos públicos.
Los informes incorporados al expediente señalan casos en los que los precios adjudicados habrían superado ampliamente esas referencias, con sobreprecios de hasta el 1.900%. Entre los productos mencionados aparecen prótesis, medicamentos oncológicos y tratamientos destinados a enfermedades especiales.
La Justicia también analiza el mecanismo mediante el cual un grupo reducido de empresas habría concentrado las contrataciones. La hipótesis investigada apunta a una posible limitación de la competencia que habría permitido la adjudicación reiterada de contratos millonarios.
En paralelo, los peritajes contables y las medidas impulsadas por la fiscalía buscan determinar el alcance del circuito financiero y las responsabilidades individuales que podrían surgir de las operaciones investigadas.
El expediente también incorpora escuchas y registros de comunicaciones que son analizados para establecer posibles vínculos entre proveedores, intermediarios y exfuncionarios.
La investigación continúa en la Justicia federal y podría derivar en nuevas citaciones e indagatorias a medida que avance el análisis de la documentación y de los movimientos económicos.
El caso vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de contratación y control en áreas estatales vinculadas a la atención de personas con discapacidad y pacientes que requieren medicamentos o insumos de alto costo.
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