Máximo Kirchner propuso un impuesto del 3% a las transferencias de capitales al exterior

El proyecto crea el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), con una recaudación estimada de al menos $2,89 billones y una distribución de fondos entre provincias, municipios y distintas áreas sociales.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que establece una alícuota general del 3% sobre determinadas operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales de la Argentina.

La iniciativa contempla además un 2% adicional cuando la transferencia tenga como destino una jurisdicción de baja o nula tributación, por lo que en esos casos la alícuota alcanzaría el 5%.

Según los fundamentos del proyecto, el gravamen alcanzaría operaciones realizadas de manera directa o indirecta mediante divisas, valores negociables y activos virtuales. Los sujetos alcanzados incluirían personas humanas y jurídicas, fideicomisos, trusts, fundaciones y estructuras similares, tanto residentes como no residentes.

Qué operaciones quedarían afuera

El proyecto aclara que el impuesto no alcanzaría la tenencia de dólares en el país, el ahorro interno ni la inversión productiva. También contempla excepciones para importaciones genuinas y documentadas y determinadas operaciones cuyos activos permanezcan dentro de la Argentina.

Kirchner estimó que el nuevo tributo podría generar una recaudación mínima de $2,89 billones.

Cómo se distribuirían los recursos

La propuesta establece que el 60% de la recaudación sea destinado a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, además de contemplar recursos para recomposición salarial en salud y educación.

El 40% restante se distribuiría en partes iguales:

* 10% para salud y discapacidad.
* 10% para educación.
* 10% para jubilaciones y pensiones.
* 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.

Entre los fundamentos, el legislador sostiene que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de Nación a provincias y municipios disminuyeron un 8,4% en términos reales, mientras que las transferencias no automáticas —que incluyen recursos para obra pública, programas y asistencia territorial— cayeron un 72,8%. Esos porcentajes forman parte de los argumentos utilizados en el proyecto para justificar la creación del impuesto.

La iniciativa deberá ahora continuar su tratamiento legislativo en el Congreso.

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