Formalizaron la investigación contra el intendente de Angaco y fijaron siete meses para la IPP

El juez rechazó el pedido de la defensa para suspender la audiencia y dio curso a la investigación por presunto abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Justicia de San Juan formalizó este viernes la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el intendente de Angaco, José Castro, en el marco de la causa en la que se lo investiga provisoriamente por los presuntos delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La audiencia estuvo marcada por un intenso intercambio entre las defensas, la Fiscalía y el juez Gerardo Javier Fernández, luego de que los abogados de los imputados solicitaran la suspensión del acto hasta que la Corte de Justicia de San Juan resuelva un recurso de casación.

Según argumentó la defensa, continuar con la audiencia mientras ese recurso permanece pendiente podría derivar en un trámite innecesario. Sin embargo, tras escuchar a las partes, el magistrado rechazó el planteo y dispuso la continuidad de la audiencia.

Con esa resolución, el juez hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Nicolía y formalizó la investigación contra José Castro y los otros tres imputados de la causa.

Durante su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que De los Ríos, Paredes y López también son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, en calidad de coautores.

Asimismo, Nicolía solicitó ampliar el plazo de la Investigación Penal Preparatoria, argumentando el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente y el impacto que tuvo la feria judicial en el avance de las actuaciones.

“Voy a solicitar que sea por el plazo de siete meses, siempre haciendo la salvedad de que, si la Fiscalía toma una decisión en un tiempo inferior, no será necesario agotar ese plazo”, expresó el fiscal durante la audiencia.

Además, pidió mantener las medidas de coerción que ya pesan sobre los imputados, solicitud que también fue aceptada por el magistrado.

Finalmente, el juez fijó un plazo de siete meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, período en el que la Fiscalía deberá reunir pruebas y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación y solicitar la elevación de la causa a juicio.

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