La condena a dos años de prisión condicional para el adolescente involucrado en el siniestro vial donde murió Lucía Rubiño abrió un fuerte debate en San Juan y, al mismo tiempo, reactivó el recuerdo de otro caso resonante: el femicidio de Talía Recabarren.
Ambos procesos fueron tramitados bajo el Sistema Penal Juvenil de San Juan, con fuertes restricciones en el acceso a la información pública y sin participación de la familia como querellante, lo que generó cuestionamientos sobre el alcance de las resoluciones judiciales.
En ambos casos, además, intervino el juez Jorge Toro, y las sentencias iniciales fueron consideradas insuficientes por los familiares de las víctimas.
Sin embargo, existe una diferencia clave entre ambos expedientes: el caso Recabarren fue revisado por un tribunal superior, que finalmente agravó la condena.
El femicidio de Talía Recabarren ocurrió el 16 de junio de 2016, cuando la joven fue asesinada por su expareja, quien tenía 17 años al momento del hecho. El cuerpo fue hallado dos días después en un descampado.
En primera instancia, el juez Jorge Toro condenó al imputado a 10 años de prisión, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.
Posteriormente, la Corte de Justicia de San Juan, integrada por Adriana García Nieto, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria Medina Palá, elevó la pena a 16 años de prisión efectiva, al considerar que la sentencia original resultaba “arbitraria, irrazonable y desproporcionada”, además de remarcar la gravedad del hecho.
Ese antecedente es hoy mencionado como referencia por la familia de Lucía Rubiño, que aguarda la posibilidad de una revisión judicial de la condena dictada en su caso.
En el expediente actual, la familia de la víctima también denunció haber tenido un acceso limitado al proceso y manifestó desconocimiento sobre instancias clave del juicio, como la etapa de alegatos y la lectura del fallo.
Las similitudes entre ambos casos —el régimen penal aplicado, el hermetismo del proceso, la intervención del mismo magistrado y el cuestionamiento a las penas impuestas— reabren el debate sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil en la provincia.
El antecedente del caso Recabarren muestra que las sentencias dictadas en este fuero no son necesariamente definitivas, ya que pueden ser revisadas y modificadas por tribunales superiores cuando se consideran desproporcionadas.
Comentarios