El Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del proceso de regularización dominial con el objetivo de avanzar en la escrituración de más de 10.000 inmuebles que aún no cuentan con el título de propiedad.
Para ello, la próxima semana se realizará una reunión encabezada por la Asesoría Letrada de Gobierno, de la que participarán intendentes o representantes de los 19 municipios. El objetivo será unificar criterios, analizar la situación de cada departamento y definir mecanismos legales que permitan destrabar expedientes que permanecen sin resolución desde hace años.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que al inicio de la actual gestión existían alrededor de 12.000 viviendas adjudicadas sin escritura. En el último año y medio se logró regularizar la situación de unas 2.000 familias, aunque todavía resta resolver una importante cantidad de casos.
La problemática no solo involucra a barrios construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sino también a loteos municipales y urbanizaciones desarrolladas décadas atrás por cooperativas, sindicatos, uniones vecinales, fundaciones y otras entidades que hoy ya no existen o presentan inconvenientes administrativos.
La falta de escritura representa un problema para miles de familias sanjuaninas, ya que impide acreditar plenamente la titularidad del inmueble y dificulta trámites como sucesiones, donaciones o cualquier gestión vinculada a la propiedad.
Por ese motivo, la Provincia trabajará de manera coordinada con los municipios, que cuentan con información territorial y antecedentes sobre numerosos desarrollos habitacionales. La intención es identificar cada caso pendiente y brindar el acompañamiento técnico y jurídico necesario para concretar la escrituración.
En paralelo, el Gobierno también impulsa una reforma de la normativa que regula el funcionamiento del IPV. El proyecto será enviado a la Cámara de Diputados con el propósito de actualizar el marco legal del organismo, incorporar nuevas herramientas para las políticas habitacionales y reglamentar aspectos que hasta ahora carecían de una regulación específica.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar un proceso que permita otorgar mayor seguridad jurídica a miles de familias y resolver situaciones que, en algunos barrios de San Juan, permanecen pendientes desde hace más de 30 años.
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