Los principales acusados de la causa Branka Motors fueron reubicados dentro del Servicio Penitenciario Provincial luego de denunciar amenazas, agresiones físicas y hostigamientos constantes desde su ingreso al Penal de Chimbas.
El pedido fue presentado por el abogado defensor José Daniel Tejada, quien solicitó medidas urgentes de resguardo para Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega. Según expuso en su presentación, los tres estaban alojados en el Pabellón N.º 2, Sector 1, conocido como “la parte vieja”, y allí corrían riesgo su integridad física y psicológica.
De acuerdo al planteo de la defensa, los imputados sufrían episodios reiterados de intimidación, humillaciones, extorsiones y violencia por parte de otros internos. Frente a ese escenario, Tejada pidió que fueran trasladados al Sector 4, Pabellón 1, conocido como “Los Espartanos”, y la solicitud fue aceptada de inmediato por las autoridades penitenciarias.
La situación se da pocos días después de que los hermanos Marcó y Banega volvieran a quedar bajo prisión preventiva por decisión de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra, quien ordenó que permanezcan detenidos durante cinco meses mientras continúa la investigación por la presunta estafa millonaria atribuida a Branka Motors.
La magistrada dejó sin efecto el acuerdo de reparación económica que los imputados habían alcanzado con la Fiscalía y las querellas. Ese convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos, en cinco cuotas, para resarcir a los 352 damnificados, pero el primer desembolso nunca se concretó.
Durante la audiencia en la que se analizó el incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia sostuvo que los acusados no actuaron de buena fe y cuestionó que hubieran asumido un compromiso económico sin contar con los fondos necesarios para cumplirlo. Las querellas, por su parte, hablaron de una “doble estafa”: una contra los ahorristas y otra contra el sistema judicial, por haber presentado un acuerdo que finalmente no pudo sostenerse.
En esa misma audiencia, Alexis Marcó y Facundo Banega aseguraron en un primer momento que el dinero correspondiente a la primera cuota ya había sido transferido. Sin embargo, una representante de la Oficina de Medidas Alternativas informó luego que no existía acreditación alguna del depósito, lo que terminó por desmentir esa versión.
Más tarde, los acusados reconocieron que no habían logrado acceder a un préstamo previsto en Mendoza ni reunir el dinero mediante el cobro de pagarés. Con ese panorama, la jueza Parra resolvió que la investigación penal continúe —con plazo hasta marzo del próximo año— y consideró que seguían vigentes riesgos procesales suficientes como para ordenar nuevamente la prisión preventiva.
Fue justamente durante ese regreso al penal cuando, según denunció la defensa, comenzaron los hechos de violencia dentro del pabellón, situación que derivó finalmente en el pedido de protección y en la reubicación de los tres imputados a otro sector del penal.
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