El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo análisis judicial en el marco de una investigación que busca determinar el origen y la evolución de su patrimonio, especialmente en relación con operaciones vinculadas a criptomonedas.
Según consta en el expediente, el fiscal Gerardo Pollicita ya cuenta con información aportada por las plataformas Lemon y Binance, donde figurarían movimientos por aproximadamente 100.000 dólares asociados al funcionario y que no habrían sido declarados previamente.
En distintas declaraciones públicas, Adorni aseguró haber invertido cerca de 200.000 dólares en criptomonedas, monto que posteriormente habría alcanzado un valor cercano a los 500.000 dólares. Además, sostuvo que realizó operaciones de compra y venta de bitcoins entre 2017 y 2018, aunque hasta ahora esa información no fue respaldada documentalmente en la causa.
En su última declaración jurada, el funcionario informó ingresos por alrededor de 400 millones de pesos bajo el concepto de “venta de activos”. Según explicó, esos fondos corresponderían a la liquidación de inversiones en criptomonedas realizadas antes de asumir funciones públicas.
La fiscalía intenta reconstruir la trazabilidad de las operaciones financieras y determinar si los ingresos declarados cuentan con respaldo suficiente. Para avanzar en esa tarea, se solicitaron informes a organismos como ANSES y ARCA, con el objetivo de verificar la capacidad económica previa del funcionario y establecer si podía justificar los montos invertidos.
También se pidió documentación relacionada con una sucesión familiar mencionada como posible origen de parte de los fondos, además de los anexos reservados de sus declaraciones juradas, que aún no fueron incorporados al expediente.
Fuentes judiciales señalaron que, una vez concluidos los análisis contables, se le solicitarán explicaciones formales a Adorni. Dependiendo de la documentación que presente, la fiscalía evaluará nuevas medidas procesales, incluida una posible citación a declaración indagatoria.
La investigación podría extenderse durante varias semanas mientras se revisan tanto las operaciones financieras como la consistencia entre las declaraciones públicas y la documentación presentada por el funcionario.
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