El Gobierno de San Juan presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que contempla la creación de un régimen excepcional de moratoria para regularizar obras subrepticias, es decir, aquellas construcciones realizadas sin autorización administrativa previa.
La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, apunta tanto a viviendas particulares como a ampliaciones de locales comerciales e industrias que fueron ejecutadas sin el aval correspondiente de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.
El proyecto establece un período de dos años para acceder al beneficio desde la entrada en vigencia de la ley y contempla planes de pago de hasta 24 cuotas mensuales y consecutivas para cancelar multas aplicadas por este tipo de construcciones.
Además, la futura reglamentación podrá disponer la condonación total o parcial de intereses, según cada caso.
Desde el Ministerio de Producción explicaron que el objetivo es facilitar la regularización de obras ya ejecutadas, aunque aclararon que ingresar al plan no eximirá a los propietarios del cumplimiento de las exigencias técnicas, edilicias y de seguridad vigentes.
Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar un proyecto técnico de regularización firmado por un profesional habilitado y acompañado de un cronograma de ejecución.
El proyecto también prevé que el incumplimiento de los pagos implique la caducidad automática de los beneficios otorgados.
Por otra parte, la iniciativa incorpora un nuevo Sistema Único de Gestión de Trámites para Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos burocráticos.
El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, indicó que actualmente los trámites pueden demorar cerca de seis meses y que el nuevo esquema buscará reducir ese plazo a 30 días hábiles.
La propuesta contempla la implementación de una Ventanilla Única Digital denominada “Digital San Juan”, donde se centralizarán los certificados y documentación exigidos por distintos organismos provinciales.
Además, el sistema reemplazará gran parte de las inspecciones previas por una Constancia de Declaración Jurada Técnica elaborada por profesionales habilitados, quienes asumirán la responsabilidad de acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y habilitación edilicia.
El proyecto diferencia además un Régimen Simplificado para pequeños comercios de hasta 300 metros cuadrados y un Régimen General Agilizado para establecimientos de mayor tamaño o actividades consideradas de mayor riesgo.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida apunta a simplificar trámites, fomentar la formalización y mantener los estándares de seguridad y control estatal.
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