El Senado de la Nación demorará hasta agosto el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, en medio de las negociaciones políticas para intentar reunir los votos necesarios y avanzar con la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Según trascendió desde sectores oficialistas, el debate recién se retomará después del receso invernal legislativo, ya que actualmente no existen los consensos necesarios para aprobar algunos de los puntos más sensibles del proyecto.
La iniciativa enviada por el Gobierno incluye la eliminación de las PASO, la implementación de Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y cambios en el reconocimiento de partidos a nivel nacional, entre otros aspectos.
Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en algunos bloques provinciales, lo que complica las aspiraciones del oficialismo.
Actualmente, el oficialismo cuenta con 21 senadores y necesita alcanzar al menos 37 votos para aprobar los cambios. No obstante, desde distintos espacios opositores ya adelantaron su rechazo a la eliminación definitiva de las primarias.
Incluso, fuentes parlamentarias señalaron que la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya habría advertido al Gobierno que “no están los votos” para avanzar con la eliminación de las PASO.
Frente a este escenario, comenzaron a evaluarse alternativas intermedias, como convertir las primarias en optativas o volver a suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027. Sin embargo, hasta ahora esas opciones tampoco cuentan con el aval pleno de la Casa Rosada.
Los principales cambios que propone la reforma
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
* Implementación de la ley de Ficha Limpia para impedir candidaturas de dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
* Eliminación de las PASO para cargos nacionales.
* Nuevos requisitos de avales para candidatos presidenciales y legislativos.
* Cambios en el reconocimiento de partidos políticos nacionales.
* Eliminación del financiamiento estatal de campañas electorales.
* Aumento del financiamiento privado permitido para partidos y alianzas.
* Fin de la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación.
* Eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.
* Modificaciones en el sistema de Boleta Única de Papel.
Por ahora, el oficialismo continuará negociando con bloques dialoguistas y gobernadores para intentar destrabar el tratamiento del proyecto antes de fin de año.
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