En medio de una fuerte crisis política y social, el Congreso de Bolivia autorizó al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción tras cuatro semanas consecutivas de protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
La medida fue aprobada el martes por la noche por la Cámara de Diputados con dos tercios de los votos, luego de más de cinco horas de debate en una sesión virtual. Previamente, el proyecto ya había recibido el respaldo del Senado.
Con esta decisión quedó derogada una ley vigente desde 2020 que limitaba las facultades del Ejecutivo para declarar estados de excepción.
La normativa eliminada establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir si la Policía era superada y además fijaba un plazo máximo de 60 días para la aplicación de la medida.
A partir de ahora, el Gobierno podrá avanzar sin esas restricciones y utilizar al Ejército para actuar frente a las manifestaciones.
El impulsor de la derogación, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, calificó la norma anterior como “criminal” y aseguró que impedía enfrentar escenarios de “caos y anarquía”.
Por el contrario, el diputado Edwin Valda, perteneciente a una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano, advirtió que la medida podría profundizar la violencia y dejar “desprotegidas” las demandas sociales.
Las principales protestas continúan concentradas en La Paz y El Alto, aunque también se registran cortes y movilizaciones en Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.
Los bloqueos provocaron serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal.
Desde el Gobierno sostienen que el estado de excepción será utilizado solo como “última opción” si fracasan las instancias de diálogo.
En paralelo, la Justicia boliviana investiga la muerte de un hombre durante un operativo represivo ocurrido el sábado pasado, mientras que las autoridades denunciaron que los cortes de ruta impidieron la atención médica de cuatro personas fallecidas, entre ellas un niño de 12 años.

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