Un diputado de la oposición presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte asistida en Argentina. La iniciativa fue impulsada por el socialista Esteban Paulón y propone incorporar estos procedimientos como prestaciones obligatorias y gratuitas dentro del sistema de salud.
Según explicó el legislador, el objetivo es garantizar el derecho a una muerte digna y voluntaria en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos que generen sufrimientos físicos o psíquicos considerados intolerables.
“Queremos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud y creando mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento”, expresó Paulón al presentar el proyecto.
El texto establece que toda persona tendría derecho a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria”, bajo reglas específicas y con mecanismos de supervisión. Además, plantea que estas prácticas formen parte del sistema de salud con cobertura obligatoria, junto con el acceso a cuidados paliativos integrales y acompañamiento al final de la vida.
Entre los principios que menciona la propuesta figuran la autonomía del paciente, la dignidad humana, la voluntariedad y la igualdad de acceso. También señala que la decisión deberá ser libre, informada y reiterada, sin presiones externas.
El proyecto diferencia dos modalidades de asistencia médica para morir. Por un lado, la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud a pedido del paciente. Por otro, la muerte asistida, en la que el profesional prescribe o facilita la sustancia para que sea la propia persona quien se la administre.
La iniciativa contempla su aplicación en personas con enfermedades graves e incurables, sin expectativa razonable de curación, o con padecimientos crónicos e imposibilitantes que afecten de manera severa la autonomía y calidad de vida.
Además, prevé mecanismos institucionales de evaluación, seguimiento y control sobre cada procedimiento realizado.
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