Una polémica decisión judicial generó fuerte repercusión en Mendoza luego de que la Suprema Corte de Justicia provincial revocara un fallo que ordenaba indemnizar a una niña que fue brutalmente atacada por un perro dogo argentino dentro de una vivienda en Malargüe.
La menor, que al momento del ataque tenía apenas 3 años, sufrió graves lesiones en el rostro, fracturas de maxilar y occipital, y debió permanecer internada durante nueve días en el hospital Notti. Como consecuencia del episodio, quedó con una incapacidad física permanente del 61%.
En primera instancia y luego en la Cámara de Apelaciones, la Justicia había ordenado que el dueño del perro abonara una indemnización de $27.500.000 a la madre de la víctima. Sin embargo, el fallo fue apelado y finalmente la Sala Civil de la Suprema Corte mendocina resolvió dejar sin efecto esa condena.
La decisión fue tomada con los votos de los ministros Dalmiro Garay y Teresa Day, mientras que Omar Palermo votó en disidencia.
Los magistrados que apoyaron la revocación sostuvieron que el dueño del animal no debía responder civilmente porque se había “roto el nexo causal” del hecho. Según interpretaron, la niña ingresó de manera inesperada a la vivienda del comerciante, lo que constituyó un hecho fortuito e imprevisible que eximía de responsabilidad al propietario del dogo argentino.
En cambio, Palermo consideró que el ingreso de la menor no eliminaba la responsabilidad del dueño del perro, especialmente teniendo en cuenta que el dogo argentino es considerado una raza potencialmente peligrosa por la legislación mendocina. Además, señaló que el propietario no contaba con licencia, seguro ni registro obligatorio para este tipo de animales.
El ataque ocurrió el 1 de noviembre de 2020, cuando la pequeña ingresó a la vivienda junto a la hija del comerciante, algo que —según trascendió— sucedía habitualmente. El perro estaba dentro del domicilio y atacó a la menor en un sector que conecta la cocina con el patio.
Tras el feroz episodio, la niña debió ser sometida a tres cirugías y continuar con múltiples tratamientos médicos.
Durante el proceso judicial, el dueño del animal sostuvo que nunca autorizó a la menor a ingresar a su propiedad y afirmó que el ingreso intempestivo y los gritos de la niña provocaron la reacción del perro.
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