La Justicia federal continúa avanzando en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al fútbol argentino y que tiene en el centro de la escena al empresario Maximiliano Ariel Vallejo, relacionado con el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez Luis Armella ampliar la imputación contra Vallejo e incorporar el delito de administración fraudulenta como partícipe necesario. De esta manera, el empresario sumaría una nueva acusación a las ya existentes por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
Según la investigación, la causa se originó a partir de un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield que, de acuerdo con la denuncia, nunca habría sido devuelto. A partir de ese episodio, la fiscalía comenzó a reconstruir un esquema financiero que habría operado entre los años 2020 y 2025.
El expediente sostiene que el holding financiero Sur Finanzas habría captado fondos de clubes con dificultades económicas, ofreciendo préstamos bajo condiciones consideradas usurarias y utilizando distintos mecanismos para canalizar el dinero. Entre las maniobras bajo sospecha aparecen contratos de sponsorización sin contraprestaciones reales y sistemas propios de pago.
Además, la investigación apunta a que el vínculo con Tapia habría facilitado el ingreso del empresario al mundo del fútbol argentino y el acceso a instituciones necesitadas de financiamiento. Sin embargo, el titular de la AFA no se encuentra imputado en la causa.
De acuerdo a la causa judicial, el volumen de operaciones investigadas supera los 108 millones de dólares. En ese marco, ya se realizaron más de 40 allanamientos donde se secuestró documentación, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
En paralelo, el magistrado rechazó los planteos presentados por la defensa de Vallejo para intentar postergar la declaración indagatoria prevista para el próximo 26 de mayo y consideró esas acciones como maniobras dilatorias.
La eventual ampliación de la imputación podría complicar aún más la situación judicial del empresario, al atribuirle un rol clave no solo en las operaciones financieras investigadas, sino también en el funcionamiento del presunto esquema delictivo.
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