El plan de reducción del Estado impulsado por Javier Milei ya implicó un desembolso de $771.825.763,50 en indemnizaciones, acuerdos y rescisiones de contratos, según datos oficiales presentados ante el Congreso de la Nación.
La información surgió a partir de una respuesta del Ejecutivo durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante un pedido de informes legislativo.
El monto corresponde a pagos vinculados a despidos, no renovación de contratos y reestructuraciones dentro de organismos públicos, en el marco del ajuste aplicado desde el inicio de la actual gestión nacional.
De acuerdo con el detalle oficial, la mayor parte del gasto —$694.194.155,86— se destinó a la denominada “finalización de disponibilidad”. Además, $11.503.160,94 correspondieron a bajas por cambios de estructura.
En tanto, otros $52.117.372,83 fueron destinados a no renovaciones de contratos y $14.011.073,87 a rescisiones contractuales, ambos casos en concepto de liquidaciones finales.
Paralelamente, el Gobierno avanzó durante los últimos meses con nuevos programas de retiro voluntario en distintos organismos públicos, una herramienta que ya había sido aplicada al comienzo de la gestión.
Las medidas alcanzaron áreas como Dirección Nacional de Vialidad, ANSES y los medios públicos, con el objetivo de continuar reduciendo la planta estatal.
Según datos del INDEC, la dotación total del sector público nacional pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo de este año.
La cifra representa una reducción de 67.253 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 19,5%.
Dentro de ese total, la administración pública —incluyendo organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados— redujo su plantilla de 233.098 a 187.734 empleados, es decir, 45.364 trabajadores menos.
Por su parte, las empresas públicas y sociedades estatales pasaron de 110.259 trabajadores a 88.370, registrando una disminución de 21.889 puestos.
De esta manera, el proceso de reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional no solo impacta en la cantidad de empleados públicos, sino también en el costo fiscal derivado de indemnizaciones y acuerdos laborales.
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