El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó una medida que marca un fuerte giro en materia de control institucional: suspenderá el pago de haberes a funcionarios que no acrediten la realización del examen toxicológico obligatorio.
La decisión fue establecida mediante la Resolución N° 61, publicada en el Boletín Oficial, y responde a una política impulsada por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de reforzar la integridad en la función pública.
A partir de ahora, quienes no presenten el certificado del denominado “narcotest” en los plazos establecidos verán retenidos sus sueldos hasta regularizar su situación. Se trata de un endurecimiento respecto a etapas anteriores, donde el examen tenía un carácter más simbólico que obligatorio.
El alcance de la medida es amplio: incluye al gobernador, la vicegobernadora, legisladores provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas, ministros, secretarios, directores, asesores y otros cargos jerárquicos del Estado.
La normativa se enmarca en la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. En ese contexto, un resultado positivo en funcionarios de alto rango implica el cese inmediato de sus funciones. Para otros agentes, en cambio, se contemplan licencias o suspensiones, junto con asistencia a través del sistema de salud provincial.
Además, el gobierno cordobés remarcó que los resultados de los exámenes serán tratados como datos sensibles, en cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos personales, garantizando confidencialidad salvo en los casos previstos por la ley.
Con esta medida, la administración provincial busca responder a la demanda social de mayor transparencia y establecer controles más estrictos en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la agenda pública.
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