El Senado de la Nación Argentina reactivará este miércoles el debate sobre el proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego, una iniciativa que también contempla la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria para su destrucción.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscará firmar dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, con el objetivo de convertirlo en ley durante la primera semana de mayo. Las comisiones están presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Carolina Losada.
Durante la reunión expondrá Juan Pablo Allan, titular del Registro Nacional de Armas, quien brindará detalles técnicos sobre el alcance del proyecto.
La iniciativa fue impulsada en 2024 por el presidente Javier Milei junto a la entonces ministra de Seguridad y actual jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Entre los principales puntos, el proyecto establece un procedimiento más ágil para la regularización de la tenencia legítima de armas, permitiendo realizar trámites de manera virtual. Además, prevé que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
En paralelo, se propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite a personas con armas no autorizadas entregarlas de forma anónima para su destrucción, sin consecuencias legales.
La iniciativa también fija un plazo de 360 días para que quienes posean armas no registradas puedan regularizar su situación ante la ANMaC. Como incentivo, el programa contempla una compensación económica mediante un cupón canjeable por efectivo.
El mecanismo incluye la verificación del arma mediante su número de serie, lo que permite detectar si tiene pedido de secuestro judicial. Una vez entregada, el arma es inutilizada en presencia del usuario y posteriormente destruida.
Desde el organismo aclararon que el proyecto se enfoca en la tenencia legal de armas, mientras que la portación sigue restringida a fuerzas de seguridad y personal autorizado.
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