El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió a la resolución judicial dictada en La Rioja que ordena restricciones sobre el tránsito hacia el proyecto minero Proyecto Minero Vicuña, y consideró que la postura del gobierno riojano “está alejada de la realidad”.
“Es una situación incómoda para nosotros”, expresó el funcionario, quien remarcó que desde la provincia se priorizará el diálogo institucional para destrabar el conflicto. En ese sentido, descartó por ahora una presentación judicial por parte de San Juan, al considerar que sería una medida “extrema”.
La controversia se originó tras una decisión de la Justicia del distrito Chilecito, que dispuso la suspensión por 30 días de las actividades del proyecto y la prohibición de circulación de vehículos y maquinaria por un corredor vial ubicado en territorio riojano, utilizado para el acceso al emprendimiento ubicado en el departamento Iglesia.
Análisis legal y falta de notificación formal
Desde el entorno del gobierno sanjuanino indicaron que la Fiscalía de Estado de San Juan, encabezada por Sebastián Dávila, se encuentra analizando el caso para determinar si corresponde intervenir formalmente. No obstante, hasta el momento no se recibió ninguna notificación oficial, lo que limita la capacidad de acción inmediata.
El planteo de la rioja
La medida judicial fue impulsada por el Fiscal de Estado de La Rioja, Segundo Emilio Rodríguez, junto a su adjunto Gustavo Roque Ibarra, bajo la administración del gobernador Ricardo Quintela.
Según el planteo, la actividad del proyecto —ubicado a aproximadamente 1,5 kilómetros del límite interprovincial— podría generar impactos ambientales en territorio riojano, por lo que solicitaron una medida autosatisfactiva de carácter urgente. Además, exigieron la presentación del Informe de Impacto Ambiental completo ante las autoridades de esa provincia.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre ambas jurisdicciones por el desarrollo de proyectos mineros en zonas limítrofes, donde se entrecruzan intereses productivos, ambientales y competencias legales compartidas.
Comentarios