La conmoción por el brutal asesinato de un niño en Comodoro Rivadavia suma un nuevo capítulo judicial. La Fundación Más Vida denunció a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes elaboraron informes que resultaron clave para que la madre del menor obtuviera su tenencia.
El caso tiene como víctima a Ángel López, un niño que murió tras recibir una golpiza. Por el hecho, su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de esta permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Según informaron desde la fundación, la denuncia contra las profesionales es por presunta violación de los deberes de funcionario e informe falso. Sostienen que sus evaluaciones influyeron directamente en la decisión del juez Pablo José Pérez de otorgar la custodia a la madre, pese a antecedentes y condiciones que generaban preocupación.
Desde la organización indicaron que las psicólogas no habrían realizado un informe ambiental completo, lo que —afirman— podría haber permitido detectar las condiciones precarias en las que vivía el niño junto a su madre y su pareja.
El caso presenta además otros elementos alarmantes. Altamirano había abandonado al menor cuando era bebé y, previamente, la Justicia le había retirado la tenencia de otro hijo. A esto se suman las condiciones de vida en el hogar, donde, según trascendió, el niño dependía de un comedor barrial para alimentarse.
En paralelo, también se conocieron señales de alerta en el ámbito educativo. Días antes de mudarse con su madre, el niño había sido cambiado de jardín y presentaba un comportamiento distinto, marcado por angustia y enojo, de acuerdo a un informe docente.
Mientras la causa avanza, se espera que la Justicia determine responsabilidades no solo en el hecho criminal, sino también en las decisiones previas que derivaron en el entorno donde ocurrió la tragedia.
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