La difusión de un audio reavivó la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Agencia Nacional de Discapacidad) y abrió un nuevo eje de análisis: el financiamiento de un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena durante la campaña electoral de 2025.
Según la investigación periodística, en la grabación se menciona un aporte cercano a los 70.000 dólares realizado por empresarios vinculados al sector farmacéutico, destinado a cubrir gastos del evento donde el mandatario presentó un libro y participó de un show musical.
El dato cobra relevancia porque esos mismos actores aparecen vinculados a empresas proveedoras del Estado, actualmente bajo investigación judicial por presuntos retornos y sobreprecios en la compra de insumos médicos dentro de la ANDIS.
La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios del organismo, en los que se describe un presunto esquema de sobornos vinculado a la adjudicación de contratos y pagos indebidos asociados a la facturación.
En paralelo, la fiscalía solicitó el llamado a indagatoria de más de 20 empresarios y exfuncionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como parte de una presunta estructura que habría generado un perjuicio millonario al Estado.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que se habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo a cambio de retornos ilegales. El volumen de operaciones bajo sospecha supera los 75.000 millones de pesos, según estimaciones judiciales.
Los productos involucrados incluyen prótesis, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, destinados a pacientes del Programa Incluir Salud.
Según los investigadores, ese programa habría sido utilizado como canal para desvío de fondos públicos, mediante filtración de información privilegiada, manipulación de contrataciones y participación directa de empresarios en decisiones del organismo.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones y sostuvieron que se trata de maniobras políticas sin sustento, mientras la investigación judicial continúa en curso sin definiciones finales.
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