El debate y la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares dejó definiciones clave tanto en el plano técnico como en el político institucional, con fuerte impacto en San Juan.
Uno de los datos más relevantes es que ya existen dos glaciares de escombros analizados en su máximo nivel técnico. Uno de ellos se encuentra en el proyecto minero El Pachón, donde, según trascendió, no cumpliría función de reserva hídrica. El segundo está ubicado en Iglesia, aunque sus resultados aún no fueron publicados.
Además, hay pedidos en marcha para estudiar otros seis glaciares de escombros en Calingasta, en zonas vinculadas a futuros proyectos de cobre. En total, en la cuenca del río San Juan se han identificado 3.912 glaciares, de los cuales la mayoría son de escombros.
Con la modificación de la normativa, los estudios realizados por equipos técnicos locales —principalmente de la Universidad Nacional de San Juan— podrán determinar si un glaciar debe ser excluido del inventario nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales. En caso de no cumplir función hídrica, esto permitiría habilitar actividades industriales como la minería.
En el plano político, la reforma también dejó señales de articulación entre el Gobierno nacional y el provincial. Desde el oficialismo no descartan la presencia de Karina Milei en la próxima Expo San Juan Minera, mientras que el presidente Javier Milei ya había respaldado la iniciativa junto a gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego.
La sanción de la reforma fue el resultado de meses de negociaciones, con participación de distintos actores políticos y técnicos. Incluso, se anticipa un escenario de judicialización, como el planteado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es que las provincias podrán evaluar científicamente si un glaciar o ambiente periglacial cumple o no funciones como reserva de agua. En caso de determinar que no, el IANIGLA deberá excluirlo del inventario, sin que demoras administrativas afecten la autorización de proyectos productivos.
Actualmente, de los más de 3.200 glaciares de escombros registrados en la provincia, solo ocho han sido o serán sometidos a estudios avanzados. En el Gobierno destacan ese dato como clave para dimensionar el alcance real de la normativa.
En definitiva, la reforma marca un cambio de paradigma en la gestión de los recursos naturales, al combinar criterios científicos con decisiones políticas que podrían habilitar el desarrollo minero en zonas hasta ahora restringidas.
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