Declaran inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas de la reforma laboral

Una jueza laboral rechazó la modalidad prevista en la nueva ley y ordenó el pago total en un solo desembolso.

La jueza porteña Viviana Dobarro, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°21, declaró inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas previsto en la reciente reforma laboral, al considerar que afecta derechos fundamentales de los trabajadores.

La resolución cuestiona lo establecido en la Ley 27.802, conocida como “Modernización Laboral”, que habilitaba el fraccionamiento de indemnizaciones. Según la magistrada, esta modalidad tiene un carácter “confiscatorio” y vulnera el derecho de propiedad.

El caso se originó a partir del pedido de un consorcio de propietarios que solicitó abonar una condena judicial en 12 cuotas mensuales. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud y ordenó que el crédito laboral sea pagado en un único desembolso dentro de los cinco días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución.

En su fallo, Dobarro sostuvo que no existen razones para otorgar al trabajador un trato “diferente y peyorativo” respecto de otros acreedores, y calificó la modalidad de pago en cuotas como “discriminatoria”.

Además, argumentó que la medida viola el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, y afecta derechos como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

La magistrada también remarcó que el sistema de pago en 12 cuotas “no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad”, al impedir que el trabajador cobre su crédito de manera íntegra y en tiempo oportuno.

El fallo se suma a otros antecedentes en la misma línea, dictados por tribunales laborales de Córdoba y La Plata, lo que marca una tendencia judicial frente a la aplicación de la nueva normativa.

En su argumentación, la jueza también citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando la obligación de los jueces de ejercer control de convencionalidad y garantizar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la protección del trabajo.

La causa que dio origen al planteo se remonta a diciembre de 2022, tras la ruptura de un vínculo laboral. Luego de varias instancias judiciales, el conflicto derivó en este fallo que ahora pone en discusión uno de los puntos clave de la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

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