Un fuerte cruce entre la Justicia y el Ministerio Público Fiscal dejó al descubierto diferencias en los criterios de detención en San Juan. El eje del conflicto fue la decisión del juez Sergio López Martí, quien dispuso que un acusado de robo cumpla prisión preventiva en su domicilio.
El caso involucra a Alejandro Jesús Videla, quien fue registrado por cámaras de seguridad mientras intentaba sustraer un televisor de una vivienda en el barrio Portal del Sur, en Rawson. Según la denuncia, el ingreso al domicilio fue violento y quedó completamente documentado.
El reclamo del fiscal
Durante la audiencia, el fiscal Miguel Gay, titular de la UFI Delitos Contra la Propiedad, rechazó la medida y calificó la resolución como “carente de fundamento”.
Desde la Fiscalía sostienen que la prueba fílmica es contundente y que el acusado debería cumplir prisión en una comisaría o en el Servicio Penitenciario Provincial, y no en su vivienda, ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho.
“No se debería beneficiar con una prisión domiciliaria”, expresó el fiscal, quien impugnó la decisión judicial.
La postura del juez
Por su parte, López Martí decidió mantener su resolución de 15 días de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación. Argumentó que la medida se basa en el principio de inocencia y en las garantías constitucionales.
El magistrado remarcó que la prisión preventiva debe ser excepcional, especialmente cuando el acusado no cuenta con antecedentes penales.
“Mantengo mi resolución”, sostuvo, al tiempo que subrayó que la ley exige una interpretación restrictiva de la privación de la libertad antes de una condena firme.
Malestar en los vecinos
Más allá de la discusión judicial, vecinos del barrio expresaron preocupación e indignación. Aseguran que el acusado es conocido en la zona y que los robos son frecuentes en inmediaciones de calle Meglioli.
“Sentimos un abandono total”, señalaron, en medio de un clima de tensión por la decisión de que el imputado permanezca en su domicilio.
El caso vuelve a exponer dos posturas dentro del sistema judicial: una más estricta, impulsada por la Fiscalía, y otra que prioriza las garantías constitucionales durante el proceso penal.
En los próximos días, la situación procesal de Videla será revisada nuevamente en el marco de la investigación.
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