El Gobierno nacional avanzará con una estrategia judicial para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional uno de los artículos de la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero.
Según trascendió, la Procuración del Tesoro de la Nación trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sea el máximo tribunal el que defina la validez constitucional del mecanismo previsto para actualizar créditos laborales en juicios en curso.
La controversia se originó tras una resolución de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, firmada el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta.
En su sentencia, el magistrado invalidó la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que la norma establece un trato desigual entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus demandas judiciales.
El artículo cuestionado fija un sistema de actualización de créditos laborales basado en la tasa pasiva del Banco Central, con un piso equivalente al 67% del cálculo que surge del nuevo esquema indexado por inflación.
Según el fallo, esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que aplica condiciones distintas a trabajadores que reclaman créditos de la misma naturaleza.
Por ese motivo, el juez dispuso que en el caso analizado la deuda laboral sea actualizada mediante el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Frente a este escenario, el Ejecutivo decidió avanzar con la apelación correspondiente. En distintos despachos oficiales anticipan además que la reforma laboral podría enfrentar una etapa de judicialización en varios tribunales del país.
En ese contexto, la estrategia del Gobierno apunta a defender la norma en cada expediente y, eventualmente, lograr que la Corte Suprema establezca un criterio definitivo sobre los puntos que están siendo cuestionados.
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