Este martes comenzó un nuevo juicio contra el excomisario Gustavo Padilla, quien volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntas maniobras irregulares con vehículos secuestrados por la Justicia.
El debate oral se desarrolla ante el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino, quien deberá determinar si el exjefe del Depósito Judicial del departamento 9 de Julio participó en un esquema destinado a obtener de manera irregular un automóvil que se encontraba bajo custodia judicial.
Según la acusación, la causa se originó en 2019 a partir de sospechas sobre la utilización y apropiación de un Chevrolet Corsa que había sido secuestrado por la Justicia y permanecía en el depósito policial. Para los investigadores, Padilla habría intervenido en operaciones irregulares para quedarse con ese vehículo, lo que configuraría un posible caso de peculado, es decir, el uso indebido de bienes del Estado.
En este proceso también están siendo juzgados Néstor Gómez y Ulises Chirino, quienes están acusados de haber colaborado en las maniobras que habrían permitido concretar la operación irregular.
De acuerdo con la investigación, Gómez incluso habría sido visto junto a Padilla retirando autopartes de un vehículo radiado en el depósito judicial.
La causa está impulsada por la fiscal Silvina Gerarduzzi, quien sostiene que los hechos ocurrieron cuando el excomisario cumplía funciones en el Depósito Judicial de 9 de Julio, lugar donde se resguardan vehículos y otros bienes secuestrados en investigaciones penales.
El origen de la causa
Según la hipótesis fiscal, en agosto de 2019 Padilla se habría contactado con una mujer que era propietaria de un Chevrolet Corsa retenido en el depósito por una infracción de tránsito.
El exfuncionario le habría ofrecido alrededor de 25 mil pesos por el automóvil y, para darle una apariencia de legalidad a la operación, realizó un trámite mediante una escribanía.
Sin embargo, el excomisario no contaba con la documentación necesaria del vehículo. Por eso, según la acusación, habría recurrido a la ayuda del oficial Mauricio Oro, quien en ese momento prestaba servicio en la Comisaría 3ª, para obtener un acta falsificada con la firma apócrifa de un comisario. De esa manera, el auto habría sido retirado del depósito judicial.
La maniobra salió a la luz cuando tanto el comisario cuya firma habría sido falsificada como la propietaria del vehículo realizaron la denuncia al advertir lo ocurrido.
Antecedentes judiciales
El caso adquiere mayor relevancia porque Padilla ya había sido condenado anteriormente. En 2021, la Justicia lo encontró responsable de utilizar para fines personales una Toyota Hilux que también había sido incautada en un procedimiento y debía permanecer bajo custodia oficial.
En aquella oportunidad recibió una pena de seis meses de prisión condicional por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante las próximas audiencias del juicio se espera la declaración de testigos y la incorporación de documentación considerada clave para reconstruir cómo se habría concretado la presunta maniobra. Mientras la fiscalía buscará probar la responsabilidad de los imputados, las defensas intentarán desacreditar esa hipótesis.
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