La Asociación del Fútbol Argentino emitió un duro comunicado en respuesta a la decisión de la Inspección General de Justicia de avanzar con una veeduría sobre la entidad. Desde la conducción del fútbol argentino sostienen que la medida se basa en información “falsa o tergiversada” y que responde a un trasfondo político más que administrativo.
En el documento, Tapia afirmó que no existen balances pendientes sin presentar, como sostuvo el organismo de control, y explicó que los ejercicios correspondientes a los últimos años se encuentran dentro de procedimientos administrativos en curso, con observaciones aún sin resolver. Según planteó, la propia autoridad reconoce que hay trámites abiertos, por lo que no podrían calificarse como irregularidades firmes.
También cuestionó el señalamiento sobre el cambio de domicilio legal de la institución, actualmente inscripto en la Provincia de Buenos Aires. Desde la entidad sostienen que la mudanza fue aprobada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires mediante resolución vigente, por lo que cualquier conflicto de competencia debería resolverse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y no por decisión unilateral del organismo nacional.
Precedente judicial y críticas al procedimiento
El comunicado recordó además el antecedente de la intervención al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que estaba presidido por Patricia Bullrich, anulada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por violaciones al debido proceso. Según la conducción del fútbol argentino, los argumentos utilizados en aquel caso son similares a los que ahora se aplican sobre la entidad.
El trasfondo político del conflicto
La dirigencia del fútbol vinculó la medida con el debate sobre el modelo de gestión de los clubes y con la discusión sobre el rol del Estado en el deporte. También interpretó que la referencia del comunicado oficial a “la nueva Argentina” del presidente Javier Milei evidencia una intencionalidad política.
En ese marco, la entidad adelantó que presentará recursos judiciales para frenar la veeduría y que, de ser necesario, llevará el caso hasta las instancias superiores.
Defensa de la autonomía institucional
El mensaje concluye con una defensa del modelo asociativo del fútbol argentino y de la autonomía de sus instituciones, al tiempo que sostiene que la medida del organismo de control no responde a un objetivo técnico sino a una disputa de poder.
“Será la Justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, afirmó Tapia, al ratificar que la entidad agotará todas las vías legales para impugnar la decisión.
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